El Tribunal Supremo da por probada la trama de los ERE fraudulentos de Andalucía, uno de los mayores casos de corrupción de las últimas décadas en España.
Por tres votos frente a dos, la Sala de lo Penal ha confirmado la condena de seis años de prisión del ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán por un delito de malversación de caudales públicos. La condena también le impone inhabilitación absoluta por un tiempo de 20 años.
La Sala, presidida por el magistrado Juan Ramón Berdugo, también ha confirmado la condena por un delito continuado de prevaricación del ex presidente andaluz Manuel Chaves, que supone una inhabilitación de 9 años para empleo o cargo público.
Fallo del tribunal
En atención a la relevancia pública del caso y como en otras ocasiones similares, el tribunal ha procedido a anticipar el fallo de su sentencia.
Estimando totalmente tres recursos de casación y parcialmente uno de ellos y desestimando los restantes recursos, ha acordado por mayoría de sus miembros anular la sentencia de primera instancia, dictando nueva sentencia con los siguientes pronunciamientos:
1. ABSOLVEMOS del delito continuado de prevaricación administrativa a don JAVIER AGUADO HINOJAL, a don JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ GARCÍA y a doña LOURDES MEDINA VARO, declarando de oficio las costas procesales de primera instancia y las derivadas de sus recursos de casación.
2. CONDENAMOS a don JUAN MÁRQUEZ CONTRERAS, como autor responsable de sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, en relación de concurso ideal, apreciando la atenuante analógica y muy cualificada de reparación del daño, con la consiguiente reducción de sanciones, imponiéndole la pena de prisión de TRES AÑOS, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de SIETE AÑOS Y SEIS MESES, que conlleva la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tuviere el penado o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, con imposición de las 2/37 partes de las costas procesales de primera instancia y declarando de oficio las causadas con su recurso de casación.
3. Se mantienen los restantes pronunciamientos de la sentencia impugnada.
El texto íntegro de la sentencia se publicará una vez se redacte el voto discrepante anunciado por las Excelentísimas Señoras Magistradas doña Ana Ferrer García y doña Susana Polo García.
En dicho voto se considera que también deberían haber sido estimados parcialmente los recursos interpuestos por don Miguel Ángel Serrano Aguilar, don Jesús María Rodríguez Román, don Francisco Vallejo Serrano, doña Carmen Martínez Aguayo y don José Antonio Griñán Martínez y que, anulada la sentencia de instancia, estos recurrentes deberían haber sido absueltos del delito continuado de malversación de caudales públicos.