El pleno del Senado ha aprobado definitivamente este miércoles la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones por una amplia mayoría, tras el acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE para que salga adelante.
Tras cuatro intentos fallidos en los últimos ochos años, una amplia mayoría parlamentaria aprobó el pasado mes de junio en el Congreso la modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria de 1979 que aumenta las garantías jurídicas de los trabajadores penitenciarios, tanto de sus funcionarios como del personal laboral, y hoy el Senado ha hecho lo propio.
El texto aprobado por el Congreso ha llegado al Senado sin ninguna enmienda, por lo que la cámara alta ha aprobado con 244 votos a favor y tan solo siete en contra y dos abstenciones la misma modificación legal, que, al reconocer a los funcionarios como agentes de la autoridad, se añade protección jurídica a sus actuaciones.
El senador del PP José Manuel Hernando ha celebrado que esta ley ponga término "a un periplo parlamentario que alcanza ocho años" y que "por fin asignará a los vigilantes un estatus legal superior y protegido frente a los vigilados". Pese al acuerdo alcanzado entre los dos principales partidos para que salga adelante esta modificación legal en ambas cámaras, el senador del PP ha arremetido contra la "lamentable gestión penitenciaria achacable al Gobierno" de Pedro Sánchez, a la par que ha criticado el "puro filibusterismo parlamentario" del PSOE "al servicio de la anti-democracia" y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Desde Vox, el senador Javier Valentín Alonso ha subrayado que es un paso "necesario pero insuficiente", ya que "no basta con el reconocimiento legal" si las plantillas no están dimensionadas, mientras que ha acusado al Gobierno de haber "mirado hacia otro lado" y al PSOE de "denigrar" a los funcionarios.
Por su parte, el senador socialista José Manuel Franco ha insistido en que ha sido el Gobierno de su partido el que ha promovido y aprobado esta reforma, que es "un avance absolutamente imprescindible para ese gran trabajo que hacen los funcionarios de prisiones", y ha llamado a "celebrar la aprobación de esta reforma". Además, ha instado a la bancada popular a "estar en el camino para aprobar leyes", y les ha reprochado que hayan propiciado este debate en el pleno del Senado habiendo podido ser aprobado la semana pasada en el Congreso de los Diputados.
El único grupo que no ha apoyado esta medida ha sido Izquierdas por la independencia. Así, el senador de ERC Joan Queralt ha expresado su preocupación por "la vulneración de la presunción de inocencia de los presos" ante el principio de veracidad que se le otorga al funcionariado penitenciario.