Segunda sesión del juicio contra la mayor trama de corrupción municipal de la historia, el caso Malaya. Los abogados de los testaferros del supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, han expuesto hoy sus argumentos. Uno de ellos, el defensor de la letrada Montserat Corulla, ha exigido que se retiren del sumario conversaciones y mensajes de texto "de carácter íntimo" que mantuvo esta última.
La defensa de Monserrat Corulla, uno de los presuntos testaferros de Roca, ha asegurado hoy que se vulneraron "los derechos fundamentales de intimidad y derecho de las comunicaciones" de su defendida y ha pedido que se eliminen de la causa las conversaciones, valoraciones subjetivas y mensajes cortos de texto de carácter personal, al haber supuesto "una intromisión gravísima e injustificada en su intimidad personal". Así, la defensa ha asegurado que se han introducido en la causa unos mensajes de texto que pertenecen al espacio "intimo y personal" de su defendida y que "no tienen relación con la causa", a pesar de lo cual fueron incorporadas.
En este último sentido ha explicado que en el oficio policial había tres cuadernos de llamadas telefónica "y que algunas no tenían interés y otras tenían valoraciones subjetivas". Además, ha añadido que en una de ellas "unas veces se dice que son conversaciones que carecen de interés y otras son valoraciones subjetivas". Por ejemplo, ha explicado que una persona llamó a Corulla "y los agentes dicen: él intenta ligar con ella".
"Esto es el trato serio y riguroso que le dan a las conversaciones de carácter íntimo y personal de mi defendida", ha lamentado el abogado, quien se ha adherido a las cuestiones previas de "vulneración de un proceso justo con las debidas garantias, vulneración del derecho de defensa y tutela judicial efectiva".
NINGÚN ÓRGANO JUDICIAL VELÓ POR LOS DERECHOS DE LOS ACUSADOS
El abogado que defiende a varios acusados José Antono Choclán ha asegurado que en la instrucción del caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), "se ha confundido la fase judicial de investigación y se ha convertido en una vulgar actuación policial o policiaca, sin que ningún órgano, ni el juez ni el ministerio fiscal, haya velado por los derechos fundamentales de los imputados".
El letrado ha considerado que la causa se instruyó en su mayor parte "con opacidad y en secreto" y se sitúa en un "modelo inquisitivo de instrucción". Además, ha aludido a que el juez "se autoatribuye el asunto porque desconfía de la ecuanimidad del resto de sus compañeros jueces de los juzgados de Marbella y desconfió incluso de todos sus compañeros de España". "Se comportó sin tener jurisdicción nacional como un juez central", ha apuntado el letrado, quien ha afirmado que "no se comportó de un modo imparcial en el sentido exigible constitucionalmente". "Mostró un interés personal entendido como el resultado de mayor provecho el éxito de unas tesis acusatorias", ha apostillado.
Asimismo, esta defensa ha indicado que el instructor tuvo "un interés en la actuación de la causa" y adoptó durante el proceso "sistemáticamente detenciones masivas", insistiendo en que en este proceso "hay una realidad objetiva, que no ha habido órgano alguno, ni el juez de garantías ni el ministerio fiscal que haya tutelado el derecho de los acusados".
Por esto, pidió la nulidad de todo lo actuado de la fase de instrucción y se ha adherido a lo planteado por las defensas anteriores, al considerar que se han vulnerado los derechos fundamentales, al igual que plantearon otras defensas, como la del acusado Sergio Santana. Su letrado, Miguel Criado, ha lamentado la inconcreción de los escritos de acusación y ha considerado que "no se puede esperar a la prueba para saber de que nos tenemos que defender". Además, se adhirió al resto de cuestiones previas y ha solicitado a la Sala que resuelva estas alegaciones antes de continuar con las declaraciones.
EL TRIBUNAL PIDE QUE SE EVITEN LAS DESCALIFICACIONES
El presidente del Tribunal encargado de enjuiciar el caso 'Malaya', José Godino, ha considerado las alusiones realizadas en la primera sesión del juicio por las defensas al juez instructor, Miguel Angel Torres, y al fiscal "contrarias a las normas de cortesía y respeto que deben regir siempre todos los actos procesales en cualquier tipo de procedimiento".
Antes de que los defensores comenzaran la exposición de sus cuestiones previas, Godino expresó el parecer de la Sala respecto a dichas manifestaciones, asegurando que "no se puede afirmar que el señor juez instructor cometió un delito de detención ilegal, sobre todo cuando la querella presentada al respecto fue desestimada por el tribunal competente". En este sentido, explicó que el Tribunal permitió esas expresiones, en primer lugar, "por el absoluto respeto al derecho de defensa como pilar básico del estado de derecho, así como hacia todos los letrados presentes, cuya actuación viene siendo realmente impecable y ejemplar".
Asimismo, en segundo lugar, dijo que también se permitió porque el letrado interviniente, en referencia al acusado y también abogado defensor Francisco Soriano, es procesado "y es humanamente comprensible que pudiera hablar desde el apasionamiento y el recuerdo doloroso producido por la situación vivida".
"El Tribunal así lo entiende, olvida la cuestión y ruega a los letrados que centren sus críticas en cuestiones y matices estrictamente jurídicos, a los que tienen pleno derecho las partes", indicó el magistrado, quien instó a los letrados a que eviten "cualquier tipo de descalificación personal que a nada conduce".
