La prohibición de las corridas de toros en Cataluña acarreará una indemnización de más de 300 millones de euros por parte de las administraciones públicas para los promotores de este tipo de festejos, según un estudio económico difundido por la Plataforma para la Promoción y Difusión de la Fiesta de los Toros.
El cálculo se remite a los 4,4 millones de ingresos que generó la temporada taurina de Barcelona en 2007, a razón de las más de 111.000 localidades vendidas en La Monumental a una media de 40 euros cada una, y apela al derecho civil catalán para asegurar que en caso de impedir el uso de una licencia de actividad se debe indemnizar el ejercicio de la misma durante los siguientes 99 años.
El informe de la plataforma hace referencia al daño emergente y al lucro cesante, y se fundamenta en que, como en la actividad económica que generan las corridas de toros intervienen muchos actores --toreros, ganaderos y propietarios del coso, entre otros--, también son muchos los actores a los que se debería indemnizar.
En cualquier caso, la plataforma reconoce que en Cataluña la afición taurina ha decrecido, como refleja que los festejos pasaron de 37 en 2001 hasta los 16 en 2007. Por todo ello el coordinador de la entidad ha confiado en que durante la votación definitiva del Parlamento catalán que se celebrará mañana triunfen "los postulados de la libertad".
En concreto, la plataforma calcula entre 50 y 150 millones de euros el daño emergente que supondría la prohibición y el consecuente pago que se produciría únicamente por la compensación del uso que se hace de La Monumental. Para los taurinos, en la medida que se prohíba desarrollar una actividad económica, la Administración debe hacerse cargo del lugar donde se produce, basándose en el valor catastral.
Al mismo tiempo, y en virtud del llamado "lucro cesante" y el derecho civil, la Administración debería reparar los ingresos que se generan cada temporada en la Monumental, que a razón de 4 millones durante el próximo siglo suponen unos 400 millones. Con el descuento del interés y de la inflación, la cifra se sitúa en los 253 millones.
La suma de ambos conceptos arrojan una cantidad final entre los 300 y los 500 millones de euros que, según los cálculos de los mismos protaurinos, suponen que cada catalán debería pagar unos 57 euros de su bolsillo para permitir la prohibición de las corridas de toros en la comunidad.
Por su parte, los propietarios y trabajadores de los bares cercanos a la Plaza de Toros Monumental de Barcelona lamentaron las pérdidas económicas que sufrirán sus negocios si finalmente se prohíben las corridas de toros.
Isolina, propietaria del mítico bar taurino 'La Gran Peña' situado enfrente de la Monumental reconoció que "como negocio" les va a afectar bastante y "sobre todo con la crisis". Aunque admitió que les "preocupa mucho" el desenlace concluyó que no pueden "hacer nada". Asimismo, apuntó que los aficionados taurinos que se reúnen en su bar "tienen pocas esperanzas" de que continúen las corridas en Cataluña.
Algunas vecinas de la zona relataron el "buen ambiente" que hay en la Monumental las tardes de toros y señalaron que "los bares tienen mucha vida". Por ello, admitieron que el nivel de negocio en los bares "bajará". En este sentido, Angeles, una de las vecinas concluyó que la prohibición de las corridas "afectará a mucha gente que vive de eso".
