La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó este martes que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) "deberá incrementar sus efectivos en 600 personas de acuerdo con un plan a cinco años, hasta 2020". Así lo dijo en el Pleno del Congreso durante la defensa de las partidas presupuestarias de sus departamentos, entre las que están las del CNI, al que se ha dotado para 2017 con 161 millones de euros.
La también ministra para las Administraciones Territoriales indicó que la misión del CNI es proporcionar al Gobierno la información para prevenir y evitar "cualquier riesgo y amenaza" que afecte a la "independencia e integridad de España".
Señaló que tras siete años de disminuciones presupuestarias "constantes", a partir de 2015 se inició un "aumento progresivo" de su presupuesto, que le ha permitido recuperar el "muy necesario incremento personal y de gastos de inversiones".
Destacó que de este incremento de casi 20 millones en el presupuesto respecto a 2016, la mayor parte, unos 17 millones, se destina a inversiones en el ámbito de la renovación tecnológica, lo que supone una elevación del coste de inversiones. Y puntualizó que nada de esta subida es para "los gastos reservados, que son constantes desde 2013".
La vicepresidenta indicó que en el CNI son "conscientes de los desafíos" actuales y "desde hace dos años vive un profundo proceso de transformación" con el fin de "cumplir con la seguridad". La "máxima prioridad" sigue siendo el terrorismo yihadista y la ciberseguridad, que son elementos contra los que hay que estar "preparados" para "luchar". "El esfuerzo por alcanzar esta mayor capacitación tecnológica debe ir acompañado de un incrementado de recursos humanos en tanto que los nuevos riesgos exigen capacitación diferente". De ahí, apuntó, que "el CNI deberá incrementar sus efectivos en 600 personas de acuerdo con un plan a cinco años, hasta 2020".
REFERÉNDUM
El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, defendió una enmienda contra este incremento, porque cree que "no es necesario gastarse un 8,3% más en el CNI", al entender que "un país decente no necesita más espías, ni más micros, ni necesita más brigadas patrióticas. Consideramos que un país decente necesita más becas, hospitales y más libros", agregó.
Por ello, pidió que "dejen de gastarse auténticas millonadas en defenderse de una urna y defiendan de una vez a su pueblo", relacionando esta cuestión con su interés por la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña.
El diputado independentista ahondó en la cuestión al indicar que "la amenaza a la seguridad nacional no es un referéndum de autodeterminación", sino que es "echarle a patadas de sus casas" a las personas, y recordó los 500.000 desahucios realizados en los últimos años.
Tras estas críticas, el portavoz del PP en la Comisión Constitucional y ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, reconoció que le "cuesta creer" que, "a estas alturas", ERC defienda que "el CNI está en el centro de la represión política sobre Cataluña". "Me parece de una extraordinaria gravedad, además de una vergüenza", expresó Martínez entre aplausos de la bancada popular. Y le trasladó a Rufián que "debe ser duro vivir en la delirante manía persecutoria". Acto seguido remarcó que "lo que hace el CNI es defender la seguridad de todos, incluida la suya, y esa enmienda suya es en realidad un insulto a un organismos ejemplar del Estado". Por último, indicó que el CNI es un "servicio modélico" y que es "irónico" que se le acuse de "no ser transparente".
"MODERNIZACIÓN" DE LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA
En su defensa ante el Pleno, Sáenz de Santamaría también anunció un plan de "modernización" de la Administración periférica del Estado que se desarrollará en cinco años con el objetivo de lograr que sea "más moderna, ágil y accesible" y redunde así en la calidad de los servicios públicos. Se tratará de "simplificar trámites" para "acercar físicamente la Administración a los ciudadanos que no viven en grandes ciudades", poniendo especial énfasis en la dotación electrónica y en lograr "la prosperidad social vertebrada en el conjunto del país". De esta forma, explicó la 'número dos' de Mariano Rajoy, se pretende "acercar la Administración al ciudadano sin que sienta diferencias". Dicho esto, abundó en que uno de los principales objetivos del Ejecutivo en esta legislatura es "ofrecer a todos los españoles los mismos derechos, servicios públicos y mismas oportunidades".
"Nuestra tarea está marcada también por una legislatura de carácter eminentemente colaborativa", sentenció, antes de recalcar que su Ministerio seguirá el "mandato claro" de los españoles de "intensificar el diálogo y el entendimiento para que el actual Estado de la Autonomías obtenga mayor eficacia y eficiencia en las políticas públicas y en la prestación de servicios".
Igualmente, remarcó la importancia que han cobrado en la XII Legislatura las relaciones del Gobierno con el Congreso y el Senado, ante lo cual el Gabinete de Rajoy se ha esforzado para cumplir "con la máxima transparencia" de rendir cuentas. "No tenemos un incremento presupuestario, pero sí tenemos incremento de nuestras tareas parlamentarias", subrayó.
"SUBORDINACIÓN"
En su intervención, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Miren Beitialarrangoitia, se quejó de que el cupo vasco "no es más que el pago del precio que algunos a la unidad de España" y criticó unos PGE que, a su juicio, dan por bueno un esquema "de subordinación" ante el Estado.
El portavoz de En Comú Podem, Josep Vendrell, aseguró que las cuentas públicas "no dan respuesta a las demandas de los ciudadanos que sufren la crisis", ya que pretenden "menos Estado social, que buena parte gestionan las comunidades autónomas, y más Estado central", reduciendo así el "autogobierno de comunidades y ayuntamientos".
Por su parte, la parlamentaria socialista María Jesús Serrano centró su crítica en el ámbito local, alegando que "todo lo que suena a políticas municipales para el Gobierno de Rajoy suena a pandereta y despilfarro". Se crea así, dijo, la "frustración entre miles de alcaldes y concejales, incluidos ediles del PP".
Finalmente, el diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre enfatizó que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado es "bueno para España", justificando así su respaldo a estas cuentas frente a las críticas del resto de grupos de la oposición.
RAJOY FIRMA ESTA TARDE EL ACUERDO CON NUEVA CANARIAS QUE ASEGURA EL APOYO DEL DISPUTADO QUEVEDO
El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, y el de Nueva Canarias, Román Rodríguez, firmarán este martes por la tarde el acuerdo por el que los canarios apoyarán los Presupuestos del Estado para 2017, apoyo que asegura al Ejecutivo la aprobación de las cuentas en el Congreso.
El acuerdo entre las dos partes se cerró el pasado viernes, la ejecutiva de Nueva Canarias lo refrendó este domingo y mañana martes, en el Palacio de la Moncloa, los dirigentes de ambos partidos firmarán el pacto.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que el Ejecutivo ha sumado a siete partidos al acuerdo que le permitirá aprobar las cuentas generales para este año. Nueva Canarias aporta un diputado, el que concede la mayoría absoluta, pero el PP se había asegurado ya antes los apoyos de sus socios electorales UPN, Foro y PAR, los de Ciudadanos, los del PNV y el voto de Coalición Canaria.
