El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha pedido a cuatro registros de la propiedad que le faciliten las datos de las fincas que según la Agencia Tributaria la infanta Cristina vendió en 2005 y 2006 por un valor total de 1,4 millones de euros.
Castro ha dictado una providencia en la que solicita a los registradores de la propiedad de Alicante, Almagro (Ciudad Real), Arenys de Mar (Barcelona) y Pilar de la Horadada (Alicante) que le informen de las hojas registrales referentes a trece inmuebles para comprobar si fue la infanta quien los vendió en los dos años siguientes de adquirir su vivienda de Pedralbes junto a Iñaki Urdangarin.
Con su solicitud a los registros de la propiedad donde figuran inscritas las fincas referidas por la Agencia Tributaria, Castro intenta constatar si efectivamente la infanta figuraba como propietaria de las mismas y fue responsable y beneficiaria de su venta.
LA INFANTA CRISTIANA LO NIEGA
La Agencia Tributaria entregó el pasado viernes al juez un informe en el que daba cuenta de la venta de siete inmuebles en 2005 y cinco en 2006 supuestamente propiedad de doña Cristina, aunque la infanta, a través de la Casa del Rey, negó de forma tajante ese mismo día las operaciones que le atribuía Hacienda.
Estas transmisiones, que la Agencia Tributaria facilitó al juez bajo el epígrafe de "información notarios-registradores", se referían en el año 2005 a dos inmuebles en Playa de San Juan (Alicante), de los que la hija menor del Rey sería copropietaria y vendió a una misma persona, y de otras cinco propiedades en la localidad ciudadrealeña, de las que sería titular única y que supuestamente tuvieron un solo comprador.
En 2006, de acuerdo con los datos aportados al instructor del caso Nóos por Hacienda, la infanta habría vendido una vivienda en Calella (Barcelona), y cinco propiedades en Pilar de la Horadada (Alicante), inmuebles de los que figuraba como copropietaria.
En el desmentido de esta información que hizo el viernes por la noche, el portavoz de la Casa del Rey subrayó que la atribución de esas ventas a la infanta debía ser fruto de un error.
Por su lado, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha explicado que la Fiscalía Anticorrupción estudiará el informe de la Agencia Tributaria que atribuye operaciones inmobiliarias a la infanta Cristina.
"Voy a esperar primero a que la Fiscalía Anticorrupción, a través de los fiscales que están actuando en este proceso, examinen el informe de la Agencia Tributaria, y una vez que ellos lo valoren me lo transmitirán y podremos opinar", ha contestado Torres-Dulce a los periodistas al ser preguntado por este asunto.
En relación a este asunto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha afirmado que desconoce el informe de la Agencia Tributaria que atribuye a la infanta Cristina la venta de varias propiedades, pero ha dicho que habrá que ofrecer explicaciones "en la medida en que se hubiera producido algún tipo de error".
"No conozco el fundamento de ese informe ni en relación con la infanta ni en relación con ningún contribuyente", ha dicho el ministro durante la inauguración del seminario "Competitividad y Marca España", organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Además, el juez Castro ha dado traslado a las partes de nueva documentación aportada en su defensa por la representación de Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, entre la que se incluyen correos electrónicos enviados por el duque de Palma, han informado fuentes jurídicas.
