El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunido hoy en sesión extraordinaria, ha aprobado un acuerdo en el que pide a la Mesa del Congreso de los Diputados que reconsidere su decisión de tramitar la reforma del órgano de gobierno de los jueces por el procedimiento de urgencia y sin solicitar su informe al respecto, y advierte a los grupos parlamentarios socialista y de Unidas Podemos, impulsores de esa reforma, de que ese método atenta contra el principio de separación de poderes.
Los dos partidos socios en el Gobierno de España, PSOE y Unidas Podemos presentaron una proposición de ley en el Congreso para limitar ciertas capacidades del CGPJ cuando no se pueda proceder a su renovación en los plazos fijados por la legislación y esté en funciones, de manera que, por ejemplo, no pueda seguir haciendo nombramientos.
Los vocales conservadores del Consejo instaron la celebración de un pleno extraordinario en el que acordaron pedir a la Cámara Baja que recabara un informe sobre la reforma que sólo es preceptivo en caso de que la iniciativa legislativa parta del Gobierno con la presentación de un proyecto de ley, condición que no se cumple en este caso. El CGPJ hizo esta solicitud a la Mesa del Congreso, que lo rechazó.
Ahora el Consejo señala en su acuerdo que ha tenido conocimiento de que la Mesa del Congreso acordó, en su reunión de 13 de enero, tramitar por el procedimiento de urgencia la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones y habilitó lo que quedaba del mes de enero para acelerar aún más dicha tramitación.
El CGPJ lamenta profundamente que la Mesa del Congreso “haya hecho caso omiso de la solicitud” que le dirigió tras una acuerdo en Pleno del pasado 17 de diciembre de 2020 para que “la citada proposición se sometiera a los informes de este Consejo, de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia/Consejo de Europa) y diera audiencia a todos los agentes afectados por la reforma propuesta; en particular, a las asociaciones de jueces y fiscales, así como a las demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la Justicia”.
El CGPJ recuerda que su peticiones son “fruto de un amplísimo consenso” en su seno y que reproducen los principios y requerimientos que derivan del Derecho de la Unión Europea e inspiran la actuación del Consejo de Europa para preservar la independencia judicial, como uno de los elementos estructurantes y definitorios del Estado de Derecho por el que este Consejo ha de velar por mandato estricto del artículo 122 de la Constitución.
La negativa de la Mesa del Congreso “sin ofrecer razón alguna, preocupa especialmente al Consejo General del Poder Judicial” porque, a su juicio, “privará al debate parlamentario sobre la reforma promovida y, a la postre, a la ciudadanía del conocimiento y valoración del parecer cualificado y jurídicamente fundado de instituciones creadas `ex profeso´ por las normas de más alto rango para garantizar la independencia judicial”. Además, “orilla la opinión de las asociaciones y entidades representativas del mundo judicial, así como de las instituciones que tienen competencias en materia de justicia”.
Por estos motivos, el CGPJ “se ve en la obligación de solicitar, desde el más profundo respeto a la autonomía parlamentaria, la reconsideración del acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de dar tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo a la modificación de una regulación que afecta directamente a una de las principales funciones –eliminándola durante la situación de prórroga del mandato- que el artículo 122 CE le reserva con carácter exclusivo para garantizar la independencia de jueces y magistrados, al no ser la decisión adoptada el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes”.
El acuerdo ha sido aprobado con los votos del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Mar Cabrejas, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea.
Los vocales de perfil progresista Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda han votado en contra del acuerdo y han anunciado la formulación de un voto particular discrepante.
