El secretario general de UGT, Cándido Méndez, y el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, han instado al Gobierno central a "aprovechar la oportunidad" de la huelga general para modificar la reforma laboral, que han definido como "chapapote", y que supone la "demolición" de los derechos de los trabajadores. Méndez y Toxo han realizado estas manifestaciones en Bilbao donde han participado en una asamblea de delegados de CC.OO. y UGT en el pabellón de la Casilla.
En sus intervenciones, el máximo líder de UGT ha asegurado que esta reforma laboral "va a aumentar las colas del paro" y que lo que pretende el Gobierno es "desentenderse" del problema del desempleo. Por ello, ha animado a la sociedad a "sacudirse el miedo" y sumarse a la huelga.
Por su parte, el secretario general de CC.OO. ha denunciado que la reforma laboral está teniendo unos efectos "tremendos" para la economía y el empleo y ha añadido que no era "necesaria" y, además, es "injusta. Toxo ha indicado que es la reforma laboral "más dura y lesiva" de la historia de la democracia y se ha mostrado convencido de que el 29 de marzo habrá "una gran huelga general", que no va a ser la "estación final" porque se va a "continuar" hasta que se modifique la reforma.
CCOO Y UGT EXIGEN A LA CEOE Y AL GOBIERNO QUE NO COACCIONEN A LOS HUELGUISTAS
Los sindicatos UGT y CCOO exigen un compromiso público por parte de la CEOE, CEPYME y del Gobierno "de respeto a la libre voluntad" de los trabajadores y de "condena" a cualquier acto de coacción que comprometa su participación en la huelga general del 29 de marzo. En una rueda de prensa en Madrid para informar de los acuerdos sobre los servicios mínimos y su aplicación en las comunidades autónomas, los secretarios de Organización de CCOO, Antonio del Campo, y de UGT, José Javier Cubillo, han subrayado hoy que los sindicatos "no se responsabilizarán" de lo que pueda ocurrir allí donde no se hayan pactado los servicios mínimos.
Según los sindicatos, aún hay desacuerdo, y por tanto "decreto impuesto", sobre los servicios mínimos en Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Extremadura, Galicia y Baleares, aunque se espera que durante el día se conozcan definitivamente. Del Campo ha afirmado que algunas comunidades autónomas "se han convertido en representantes de los intereses de la patronal" y ha avisado de que, según el grado de imposición que establezcan, los servicios jurídicos de los sindicatos estudian ya la posibilidad de presentar una demanda por prevaricación contra quienes han firmado dichos servicios mínimos.
