La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el levantamiento del embargo de parte de los bienes del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato que puedan exceder de los 18 millones que ya han sido garantizados mediante el bloqueo de su patrimonio y cuentas bancarias.
Además, en tres autos dados a conocer hoy, la Sección 23 del tribunal madrileño ha avalado también la decisión del magistrado Antonio Serrano-Arnal de enviar a prisión preventiva al empresario y presunto testaferro de Rato Alberto Portuondo, en la cárcel desde el pasado agosto, por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
Para los magistrados, el administrador de Albisa Inversiones, al que se acusa de haber cobrado comisiones a cambio de interceder en la contratación de dos empresas de publicidad para el lanzamiento de la marca Bankia en 2011 y haber desviado parte de ese dinero a Rato, existen "sólidos" indicios de su participación en los hechos y creen que esta medida fue proporcionada.
La defensa del imputado apeló afirmando que su detención en el aeropuerto de Barajas cuando trataba de regresar a México fue una "operación deliberada" que nada tuvo que ver con un "hipotético riesgo de fuga", riesgo que en todo caso ha desaparecido porque ha perdido su trabajo y su pasaporte, como tampoco se da el de que destruya pruebas, ya que le han incautado todos sus dispositivos.
Sin embargo, la Audiencia opina que su participación "no fue baladí", ya que aprecia indicios de que primero intermedió y después intervino "decisivamente" para que los contratos de la publicidad de Bankia se adjudicaran a Publicis y Zenith, de las que recibió a cambio dos millones de euros, de los que 833.000 euros acabaron en Kradonara, epicentro societario de Rato.
En cuanto al embargo del patrimonio del exdirector gerente del FMI, la Audiencia recuerda que el Juzgado de Instrucción número 35 acordó en abril el bloqueo de cuentas bancarias, activos financieros de toda clase, la revocación de órdenes de transferencia y la prohibición de disponer de bienes inmuebles hasta que el exministro de Economía prestase una fianza de 18 millones de euros.
Después, el instructor del caso mantuvo esta medida, acordando el bloqueo de sus bienes por valor de la cantidad impuesta y levantándola en todo aquello que la excediera.
La decisión fue recurrida tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por la Abogacía del Estado, que entendían que se desconoce el auténtico valor de los bienes embargados, pero los magistrados responden que, aún siendo así, el instructor siempre podrá ampliar el bloqueo si se llegara a la conclusión de que no alcanzan la cuantía fijada.
"Los motivos del recurso son un temor no concretado de que los bienes embargados no sean suficientes, pero si es así la norma procesal prevé la forma de corregir esa posibilidad", aclaran.
Por último, en un tercer auto, la Audiencia Provincial ha aceptado la personación en el procedimiento de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que había sido denegada por el magistrado instructor, luego de que presten la fianza que el instructor señale y sin retroacción de actuaciones.
