La Audiencia Nacional ha estimado hoy por unanimidad que hay indicios de delito en el "chivatazo" que en 2006 alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión, pero no de que sus autores fueran los tres mandos policiales procesados por el juez Pablo Ruz, que deberá seguir investigando.
La decisión ha sido adoptada por los catorce magistrados del pleno de la sala de lo penal del tribunal después de cuatro horas de deliberaciones -dos y media por la mañana y una y media más por la tarde- sobre los recursos del exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros contra su procesamiento.
INDICIOS DE DELITO
En una nota de prensa hecha pública por el tribunal, éste indica que "el pleno aprecia indicios suficiente de un hecho que reviste los caracteres de delito", pero que ha revocado el auto dictado el pasado 13 de julio por Ruz "por considerar que los indicios contra los procesados no son suficientes, requiriéndose una más amplia investigación".
"Consecuencia de lo anterior, no se ha analizado la cuestión de la calificación jurídica concreta de tales hechos", añade la nota.
Fuentes jurídicas consultadas en el tribunal han explicado que, en efecto, los magistrados no han estudiado si el "chivatazo" recibido por el dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosua, debe ser calificado como colaboración con ETA, como sostenían las acusaciones populares, o como revelación de secretos, como mantiene la Fiscalía.
Al estimar insuficientes los indicios que el juez apuntaba contra los mandos policiales, éstos dejan de estar procesados, pero seguirán imputados en la causa por los delitos de colaboración terrorista y/o encubrimiento y revelación de secretos.
Ruz tendrá que seguir practicando diligencias para hallar nuevos indicios que le permitan procesar otra vez a García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros o que le conduzcan a otras personas como autoras del "chivatazo" y, si no los encuentra, se verá obligado a archivar la causa.
En el auto de procesamiento ahora revocado, el juez afirmó que los tres mandos policiales incurrieron en un delito de colaboración con ETA porque con su actuación contribuyeron "a las finalidades perseguidas por tal organización".
Para el juez, en el "chivatazo" a ETA existió "conocimiento y voluntad al respecto por parte de los autores de tales hechos" y el aviso a Elosua permitió que la cantidad de dinero recaudado por el aparato de extorsión (unos 54.000 euros) "no fuera interceptada por la fuerza policial encargada de la vigilancia y seguimiento de la red terrorista investigada".
Es la primera vez que se revoca una decisión de Ruz en la investigación del "chivatazo".
En la vista de los recursos, celebrada ayer en las instalaciones que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid), la Fiscalía ya apuntó la "debilidad" de los indicios contra García Hidalgo y pidió a la Audiencia Nacional que se declarara incompetente para investigar los hechos al considerar que no constituyen un delito de colaboración terrorista. Para el fiscal, esa calificación jurídica exige cierta "adhesión ideológica" con la banda y la intención de favorecer sus actividades.
Mientras tanto, las defensas de los tres mandos policiales sostuvieron que sus representados no tienen relación con el "chivatazo" y solicitaron el archivo de la causa.
Por último, las acusaciones populares -ejercidas por el PP, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia- pidieron al tribunal que confirmara en su integridad el auto de procesamiento.
La decisión adoptada por la Audiencia Nacional satisface parcialmente las pretensiones del Ministerio Público y de las defensas, al concluir que no hay suficientes indicios contra los mandos policiales, pero también deja abierta la puerta a que el resultado de las nuevas diligencias que se practiquen permitan procesarles de nuevo, incluso por colaboración con ETA.
SUSPENDIDA UNA VISTA SOBRE EL CASO
Además, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha decidido suspender una vista que había convocado para este miércoles al objeto de analizar el recurso de apelación que la defensa de Pamiés había presentado contra la decisión del juez Ruz de negar la práctica de varias diligencias de investigación. Según fuentes jurídicas, el tribunal ha decidido acordar un aplazamiento al entender que la resolución del recurso podría verse afectada por la decisión que tome la Sala de lo Penal.
La defensa del jefe superior de Policía en el País Vasco reclama que se tome declaración a los policías que integraban el equipo de investigación, se analice una nueva franja de llamadas entre los sospechosos, se investiguen los encuentros que el dueño del 'Faisán', Joseba Elosua, tuvo antes del soplo y se anule la conversación en la que aseguraba que su comunicante le dio el chivatazo para "no fastidiar el proceso".
DIGNIDAD Y JUSTICIA LO CALIFICA DE "PIRUETA JUDICIAL" DE CARA A LAS ELECCIONES
El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha lamentado la "pirueta judicial" del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en relación al caso del chivatazo a ETA y ha considerado que se trata de "un paso atrás" que impedirá saber la verdad sobre el supuesto soplo que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar 'Faisán'.
"Es una pirueta judicial en la que una vez más se tira del chicle de la justicia amoldándolo a las circunstancias del momento, esto es, la campaña electoral", ha censurado Portero, al entender que no hay "indicios suficientes" que lo justifiquen.
Portero ha censurado que, tras cinco años en los que la justicia "no ha querido saber nada", sea ahora cuando falta un mes y medio para que se celebren elecciones generales cuando interfiera y "se cargue el procedimiento" y obligue al juez instructor, Pablo Ruz, a abrir una investigación o archivar la causa. Tras calificar esta decisión del Pleno de la Sala Segunda de "absolutamente sorprendente", Portero ha apostillado que es un tema "delicado" porque la única vía de investigación que queda ahora "es ir contra el propio equipo investigador".
"Es un paso atrás enorme. Al final con este tipo de actuaciones del Pleno de la Sala de lo Penal nunca se sabrá la verdad", ha lamentado el presidente de Dignidad y Justicia.
