El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha archivado provisionalmente la causa en la que investigaba al exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo -imputado en el "caso Faisán"- por un delito de colaboración terrorista después de que se incautara a dos presuntos etarras su número de móvil. Así lo ha decretado el magistrado en un auto notificado hoy en el que sostiene que "a la vista del resultado de la instrucción practicada", el hecho de que los etarras Jon Yurrebaso y Kepa Mirena Suárez Ugarte, detenidos el 29 de marzo de 2007 en Francia (en plena tregua de ETA), tuvieran en su poder el número de García Hidalgo, "carece del debido sustento corroborador" para imputarle un delito de colaboración terrorista.
No obstante, Ruz acuerda el desglose parcial de algunas de las actuaciones realizadas en la instrucción para que se unan a la causa en la que investiga el "chivatazo" que el 4 de mayo de 2006 alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión y en la que además de García Hidalgo, están imputados el inspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros, y el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés.
Considera que existen "elementos de conexidad" entre la instrucción de una y otra investigación y que los datos que ahora une al "caso Faisán" podrían reforzar la imputación de García Hidalgo, imputado por un delito de colaboración terrorista y revelación de secretos.
Según recuerda el auto, en el momento de su detención, Yurrebaso portaba una ficha "con anotaciones escritas a mano de cuatro números de teléfono", que se trataban, según manifestaron los arrestados, "de los números que utilizaban como miembros del grupo encargado de las negociaciones entre ETA y el Estado español".
Yurrebaso declaró además que tanto el número de teléfono del exdirector de la Policía, como el resto, se los habían facilitado "los negociadores gubernamentales" para usarlos en caso de ser arrestado y que fuera puesto en libertad.
Sin embargo, Ruz resta credibilidad a esas declaraciones al destacar que tras su detención los presuntos terroristas no fueron puestos en libertad, sino que derivó en una situación de prisión provisional.
"Más allá de las meras manifestaciones efectuadas por Yurrebaso tras su detención, no corroboradas por el resultado de ninguna otra de las diligencias llevadas a cabo, no se ha llegado a acreditar en modo alguno la perpetración de acción delictiva" por parte de García Hidalgo, sostiene el juez.
Por ello, concluye en la "necesaria falta de trascendencia penal de la conducta investigada y atribuida" al exdirector de la Policía y acuerda su sobreseimiento provisional.
Esta investigación se produjo a raíz de una querella interpuesta por la asociación Dignidad y Justicia en 2010 contra García Hidalgo y los dos supuestos etarras, que Baltasar Garzón -entonces titular del Juzgado- se vio obligado a admitir a trámite después de que la sección tercera de la sala le obligara a hacerlo.
La sala, no obstante, sólo apoyó la investigación sobre el exalto mando policial -a instancias de la Fiscalía- al entender que los dos presuntos terroristas estaban siendo investigados en Francia por integración terrorista, aunque destacó que "la simple tenencia de ese número por parte de miembros de una organización terrorista no convierte en delictivo el comportamiento" de García Hidalgo.
