Andalucía admite 37 prejubilaciones falsas con sus fondos

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha detectado 37 nuevos casos de personas que podrían estar percibiendo prejubilaciones "de forma indebida" en la investigación interna que realiza este departamento en relación con las ayudas sociolaborales asociadas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y empresas en crisis.

Así lo ha anunciado la consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno, quien ha indicado que entre esos 37 casos no se incluyen los dos detectados en un primer momento en los EREs de Mercasevilla de 2003 y 2007, Carmen Fontela González y Antonio Garrido Santollo, respectivamente. Respecto a los 37 nuevos casos no ha querido hacer públicos los nombres ni de personas ni de las doce empresas en cuyos EREs se habrían detectado porque se puede estar perjudicando gravemente derechos de terceros, apuntando que la obligación de la Junta es ponerlo en conocimiento de la justicia.

Tras negar con rotundidad la existencia de "fondos ilegales" y que cuestione de forma general la gestión de fondos para EREs y prejubilaciones, Moreno ha querido dejar clara la "colaboración activa" de la Consejería de Empleo con los tribunales para el "esclarecimiento de estos hechos y de sus autores" y ha anunciado que el titular de este departamento, Manuel Recio, comparecerá la próxima semana en el primer Pleno del Parlamento del nuevo periodo de sesiones para informar sobre este asunto.

"La Junta de Andalucía quiere que la justicia llegue hasta el fondo con todas las consecuencias, que es lo que le interesa a la ciudadanía andaluza", según ha indicado la consejera, quien ha precisado que el Gobierno andaluz es activo en la persecución de cualquier irregularidad y abuso que se haya podido producir de cualquier recurso público.

Tras insistir en rechazar cualquier calificación de fondos "ilegales", la consejera ha precisado que "otra cosa bien distinta es que pueda haber habido un uso indebido de esos fondos", ante lo que la justicia actuará. "Pero negamos con rotundidad que los fondos o los procedimientos administrativos sean ilegales o que no exista control de esas partidas", ha recalcado, precisando que el instrumento que escoge la Consejería de Empleo es el de transferencia de financiación de explotación, el cual permitía transferir partidas globales, no destinadas a operaciones concretadas, con una atribución que se producía por ley puesto que se acordaba en la ley de presupuestos.

EL PP VE REPUGNANTE HACER NEGOCIO CON EL EMPLEO Y RUBALCABA EVITA EL TEMA

Por su parte, la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este jueves que es "gravísimo" que el Gobierno haya "renunciado a crear empleo" pero ha añadido que es "repugnante" que "algunos socialistas "hayan hecho negocio con él", en referencia al caso de los ERE y las posibles prejubilaciones fraudulentas en la Junta de Andalucía. El vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha declinado responder sobre este extremo.

En la sesión de control del Pleno del Congreso, Sáenz de Santamaría ha acusado al Ejecutivo socialista de prometer empleo y "no hacer nada para crearlo", algo que, según ha dicho, genera "paro y frustración". "Por eso en España hay casi 5 millones de parados y 47 millones de españoles que ya no esperan nada del Gobierno", ha exclamado.

La diputada del PP ha reprochado al Gobierno que con cada cifra de paro que se publica diga que es "la última" y que pronto se creara empleo. A su juicio, a partir de la tercera vez que se hace este tipo de manifestaciones es "reincidencia en el engaño y una falta de respeto". "¿Hasta cuando van a seguir faltando a la verdad y el respeto a los españoles?, ha interpelado al ministro.

Asimismo, ha recriminado a Rubalcaba que el pasado jueves se dedicara a "vender" el acuerdo de pensiones como "un avance social" cuando "todo el mundo sabe", ha recalcado, "que es un acuerdo de pensiones". Tras asegurar que incluso había oído decir al ministro que "algunos se alegran de la crisis", ha emplazado al vicepresidente a explicar que "toda España sabe que algunos socialistas andaluces se han aprovechado del paro".

"Explique a todos esos españoles a los que van a recortar su pensión, que la Juta de Andalucía se ha gastado 700 millones en un fondo de reptiles, explíqueles que se han aprobado expedientes de regulación de empleo ficticios y sin control. Explique que se han hecho prejubilaciones falsas", ha proclamado, para afirmar que es "gravísimo" que el Ejecutivo haya renunciado a crear empleo pero "es repugnante que algunos socialistas hayan hecho negocio con él".

RUBALCABA REPASA LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

Rubalcaba, que ha eludido comentar este caso que afecta a la Junta de Andalucía --que ayer admitió que pagó ayudas por al menos 37 despedidos falsos--, ha asegurado que el Ejecutivo "trabaja para reactivar la economía, y sobre todo para conseguir que esa reactivación se produzca lo antes posible".

Quien si lo ha hecho ha sido el presidente del Gobierno andaluz. José Antonio Griñán, ha afirmado que la Junta "ha ido colaborando en todo lo que pedía la instrucción de la causa de Mercasevilla, pero también en lo que no solicitaba y nosotros considerábamos que podía ser una actuación irregular".

En declaraciones a los periodistas en Cabra (Córdoba), Griñán ha recordado que la Junta de Andalucía fue quien inició el procedimiento de Mercasevilla y presentó la denuncia. "Se ha ido más allá de los requerimientos del propio juzgado y hemos aportado todos los elementos que nos parece que podían haber sido irregulares", ha subrayado.

La Junta ha enviado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla una relación de expedientes con 37 nuevos casos de personas que podrían estar percibiendo prejubilaciones "de forma indebida".

Sobre estas personas, considera que "es bueno que no se especule ni se hable porque pueden ser inocentes ya que puede ser que la trama urdida en torno a los expedientes sea utilizar también nombres falsos para percibir recursos".

No obstante ha añadido que han percibido que "existen estas irregularidades" y también lo han puesto en conocimiento de la Fiscalía, como además han pedido la personación en la causa y que el consejero de Empleo, Manuel Recio, comparezca en el Parlamento.

Además, ha dicho que van a mandar todos los expedientes a la Cámara de Cuentas, por lo que ha asegurado que "es difícil encontrar mayor colaboración que esta en otra comunidad autónoma" en el entendimiento de que está "convencido de que se han producido actuaciones irregulares y hay que depurar responsabilidades"

Ha insistido en que no deben darse nombres porque pueden ser inocentes al "poder haber utilizado su nombre con fines ilícitos" porque a pesar de que los ERE tienen el informe de la Inspección de Trabajo y han sido resueltos como corresponde, "puede ocurrir que a la hora de remitir las investigaciones a la aseguradora correspondiente para el pago de las pólizas alguien haya incluido personas que no están en el expediente; y eso ha ocurrido", ha apuntado Griñán.

Sin embargo, ha explicado que "quien ha autorizado esos nombres ha cometido una irregularidad manifiesta", al tiempo que ha querido dejar claro que "no es en la aplicación de los fondos donde hace reparo la Intervención, sino en el hecho de que el procedimiento debe mejorar; y de hecho ha cambiado en 2008 y en 2010".

Por su parte, el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha pedido que se "corte la mano" a quien la haya metido en la Junta de Andalucía, en referencia al caso de los ERE en los que se han incluido indebidamente a prejubilados, y ha defendido la inocencia del presidente de la Comunidad, José Antonio Griñán.

"No conozco en profundidad este tema pero lo que sí estoy seguro es que Griñán es una persona honorable y tiene mucho interés en que todo quede meridianamente claro y en no asumir la más mínima responsabilidad", ha aseverado Bono en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

De esta forma, el presidente de la Cámara Baja ha subrayado la necesidad de "cortar la mano" a los que hayan cometido alguna irregularidad, al tiempo en que ha insistido en asegurar que no habrá "la más mínima complicidad" de Griñán en este caso.