La VI Conferencia de Presidentes concluyó este martes con la aprobación por consenso de 11 resoluciones, una más de las previstas, entre las que destacan el compromiso para aprobar en 2017 un nuevo sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta el gasto sanitario de las comunidades en el reparto de fondos y la inclusión in extremis de un acuerdo contra la violencia de género.
El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado hoy en el Senado ha sido "muy constructiva" y ha sido un ejemplo de la colaboración entre instituciones.
Rajoy ha hecho esta consideración al inicio de su comparecencia ante los periodistas al término de la reunión de la Conferencia de Presidentes.
El jefe del Ejecutivo ha agradecido el tono y contenido de las intervenciones de los presidentes autonómicos y les ha garantizado que el Gobierno se va a tomar en serio el funcionamiento de esta Conferencia porque puede ser muy útil para abordar los problemas de los ciudadanos.
"Esta Conferencia es para construir, y, de hecho, la reunión de hoy ha sido muy constructiva", ha recalcado Rajoy.
Asimismo, Rajoy ha avisado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que seguirá adelante con el diseño del nuevo modelo de financiación autonómica aunque la Generalitat catalana no participe. No obstante, asegura que no le cabe en la cabeza que no lo vayan a hacer.
Rajoy ha precisado que se reunirá "sin ningún problema" con el presidente de la Generalitat, como le ha pedido éste, pero ha advertido de que una cosa es que hablen y otra que vaya a haber cosas diferentes para cada CCAA: "yo puedo hablar con quien quiera hablar conmigo, pero hay foros en los que hay que estar".
in embargo, el presidente del Gobierno ha dejado claro que si el Gobierno catalán finalmente no acude a los foros para debatir, esta reforma no se parará porque es un "tema tan importante que le importa a todo el mundo".
En cualquier caso, Rajoy insistió en que no le "cabe en la cabeza" que haya una reunión para debatir cómo se financian las CCAA y "alguien no quiera ir". "Estoy convencido de que la cordura y el sentido común se van a imponer. Tengo que estar tranquilo, no tengo otra", apostilló.
ACUERDOS
Gobierno y las comunidades han sellado hoy en la VI Conferencia de Presidentes una decena de pactos, uno para negociar ya un nuevo sistema de financiación, aunque ha habido muchas fricciones a cuenta de la armonización fiscal y quejas de las autonomías socialistas por lo que consideran "dumping" de Madrid.
No ha sido tan plácida como se esperaba esta edición de la cumbre autonómica -que ahora se ha reglamentado para que haya una al año-, la segunda con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, a la que se llegaba con diez acuerdos prácticamente cerrados sobre la mesa.
Unos acuerdos que han quedado un poco eclipsados por los recelos de varias comunidades -y no sólo socialistas- por las diferencias en el modelo fiscal entre territorios, con Madrid en el foco de la polémica, ya que algunas autonomías la acusan casi de hacer "dumping", es decir, competencia desleal, con su menor presión fiscal sobre los contribuyentes.
Y es que el alto grado de consenso en temas como Europa, la educación, la violencia machista o el reto demográfico no ha evitado los roces en éste, que se ha erigido como el más peliagudo de la Conferencia y que amenaza con convertirse en uno de los principales escollos a superar en la futura negociación de la financiación autonómica.
Desde primera hora de la mañana, un tuit del PP de Madrid se había encargado de caldear el gélido ambiente casi polar con el que se han encontrado en Madrid Rajoy, el Rey, los presidentes autonómicos -todos excepto Cataluña y País Vasco- y los de Ceuta y Melilla.
En la cuenta del PP madrileño se ha colgado una imagen de la foto de familia en la que han posado todos los asistentes, en la que se veía a la presidenta andaluza, Susana Díaz, con semblante serio, y a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, sonriente detrás de ella. "Cuando disfrutas de tu trabajo y cuando no", decía el pie de foto, lo que ha provocado el malestar en la delegación andaluza.
Ha sido precisamente Susana Díaz la primera en reclamar que en el nuevo modelo de financiación se ponga "un tope máximo y un tope mínimo" en impuestos cedidos a las autonomías, como el de Patrimonio y el de Sucesiones, propuesta a la que se han ido sumando otros "barones" socialistas" como Javier Fernández o Guillermo Fernández Vara.
Y otro que también ha "regañado" a Cifuentes ha sido el cántabro Miguel Ángel Revilla, aunque, según ha contado luego él mismo, han acabado el encuentro en buenos términos.
Incluso a presidentes de comunidades gobernadas por el PP como el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, o Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no les disgustan los topes impositivos, pero entre las filas socialistas hay quien no los ve con tan buenos ojos, como la balear, Francina Armengol, una de las pocas aliadas de Cifuentes en este asunto, junto con el murciano, Pedro Antonio Sánchez.
Cifuentes ha defendido a capa y espada las bondades del modelo madrileño y ha considerado que la armonización fiscal sería un "retroceso" para la economía de la región.
Sea como sea, las quejas no han caído en saco roto y al menos se ha pactado evaluar la gestión de los tributos cedidos para favorecer la armonización fiscal. Otra cosa será si eso influye o no en el modelo que se decida.
El acuerdo sobre financiación autonómica ha llevado su tiempo y lo que se ha cerrado es que el nuevo sistema esté listo antes de que acabe 2017. Para ello, en un mes se constituirá una comisión con representantes de cada comunidad.
Se tendrá además en cuenta el coste efectivo de los servicios públicos y no sólo la población y, en este último caso, se valorará el envejecimiento, la dispersión o la ruralidad del territorio.
Además, las autonomías socialistas han avisado de que no admitirán ni el principio de ordinalidad ni pactos bilaterales con nadie, en un claro aviso a navegantes para comunidades como Cataluña, cuyo presidente, Carles Puigdemont, no ha acudido a esta reunión, como tampoco lo ha hecho el lehendakari, Íñigo Urkullu.
