El responsable de Seguridad de los túneles de la M-30, Santiago Vilariño, ha advertido hoy de que la M-30 tiene "carencias importantes" de seguridad, entre ellas que su centro de control está inacabado, aunque ha indicado que los túneles cumplen la normativa de la Comunidad de Madrid.
El técnico de Madrid Calle 30 se ha pronunciado de este modo en la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid que busca dilucidar si hubo mala gestión y un intento de beneficiar desde las arcas municipales a empresarios influyentes en la construcción de la circunvalación y en la empresa que la gestiona, según sospechan Ahora Madrid y el PSOE.
Según ha sostenido este técnico, en el centro de control de los túneles de la M-30 hay deficiencias claras de seguridad que comunicó tanto a la empresa Emesa -la parte privada de Madrid Calle 30, con el 20 % del capital- como a la propia empresa mixta y de las que sigue advirtiendo porque aún no se han resuelto.
Sin embargo, el responsable de seguridad de los túneles ha reiterado que la infraestructura sí cumple con la normativa actual, aunque hay elementos que en su opinión deben mejorarse.
UN CENTRO DE CONTROL INCOMPLETO
"El centro de control no está completo", ha indicado este técnico, que ha añadido que el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP) tomó la decisión a su juicio errónea de "renovar la cartelería fija" antes de finalizar el centro de control de la M-30, encargado de controlar y garantizar la seguridad en esta vía. Ningún cuarto técnico cuenta con un sistema de extracción de humos ni con ventilación, y también hay carencias en los filtros contra la contaminación de los túneles de la M-30, según ha relatado este responsable de la empresa.
Entre los principales problemas ha citado que, en caso de incendio, la intervención de los operarios es manual -con lo que a su juicio se pueden cometer errores- cuando inicialmente el sistema debería estar sistematizado.
En el proyecto inicial de obras se incluía un Circuito Cerrado de Televisión para aumentar la seguridad en los túneles y poder garantizar la vigilancia de los mismos desde el centro de control, un circuito que, aunque existe, no incluye todas las cámaras que inicialmente se recogían (hay 978 frente a las 1.090).
Teniendo en cuenta que el importe medio de instalación de una cámara es de unos 11.000 euros y las diferencias entre el número instalado y el que figura en el inventario, se puede estimar el abono de 1.342.000 euros de manera "totalmente injustificada", según concluye el equipo de Gobierno de Ahora Madrid.
EL EXPEDIENTE CUMPLIÓ CON LA LEGALIDAD
La firmante del informe de intervención general para modificar el contrato de la empresa mixta Madrid Calle 30 en 2007, Paula Mato, ha defendido hoy que cuando el expediente para acometer este cambio pasó por sus manos contenía todos los informes técnicos y documentos, y además cumplió "seguro" todos los requerimientos legales.
Paula Mato, funcionaria municipal, se ha pronunciado de este modo en la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid que busca dilucidar si en la gestión de la sociedad mixta Madrid Calle 30 hubo mala gestión y un intento de beneficiar desde las arcas municipales a empresarios influyentes, según sospechan Ahora Madrid y el PSOE.
Esta funcionaria municipal ha dicho que no sabe qué ha pasado posteriormente con la documentación que falta en el expediente. Sin embargo, ha garantizado que cuando ella lo analizó estaba completo porque -ha añadido- había "muchos controles", entre ellos los de la oficina de colaboración público-privada (donde estaban presentes las empresas externas), importantes porque se necesitaba a "alguien profesional" que analizase el plan económico-financiero a 30 años, que era complejo.
TRAMITADO CORRECTAMENTE
Según el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el equipo de Manuela Carmena (Ahora Madrid) en esos expedientes de constitución de Madrid Calle 30 como empresa mixta falta "toda la oferta del adjudicatario y los anexos que justifican el modificado del año 2007", que justificaban pasar "de 12 millones al año a 23 millones al año en mantenimiento". La compareciente ha respondido que ella "no" habría tramitado este expediente de forma distinta a como se hizo ya que en su opinión los controles municipales, en este expediente y en muchos otros, fueron muy rígidos.
Por ello, la responsable técnica ha mostrado su sorpresa por que esos documentos no estén actualmente en la memoria. "Es como si se hubieran caído cosas", ha dicho la compareciente, que ha sostenido sin embargo que "lo que está claro es que el acuerdo se adoptó con el expediente íntegro".
Un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid refleja irregularidades en varios aspectos del proceso de constitución de la sociedad Madrid Calle-30, participada en un 80 % por el Ayuntamiento y en un 20 % por la Empresa de Mantenimiento y Explotación, SA. (Emasa).
Madrid Calle 30 se fundó en 2004 con la meta inicial de "construir los túneles de la M-30" para que su coste "no computara como deuda municipal", si bien la deuda societaria acabó "subrogada en 2011 al Ayuntamiento", según indica el actual equipo de Gobierno de Manuela Carmena.
Desde su creación, se realizaron varias modificaciones de contrato que según el equipo de Gobierno de Ahora Madrid resultaron "lesivas" para las arcas municipales, entre ellos el de 2007. Desde ese año, cuando se produjo una modificación del contrato, el Ayuntamiento pasa a pagar 50 millones de euros más y entre las partidas que crecen figura la de mantenimiento, donde el Consistorio dobla lo que paga pasando de los 12 millones de euros a los 23.
Según el informe de la Cámara de Cuentas, este modelo de gestión mixta de la vía de circunvalación es "gravoso e irresponsable", así como "lesivo" para el Consistorio. A la tercera sesión de la comisión de investigación de Madrid Calle 30 no han asistido el que fuera concejal de Seguridad en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, Antonio de Guindos, ni su homóloga en Urbanismo, Pilar Martínez, que habían sido citados a declarar.
La compareciente Paula Mato ha sido interrogada, en este orden, por Miguel Ángel Redondo (C's), Mercedes González (PSOE), Carlos Sánchez Mato (Ahora Madrid) e Íñigo Henríquez de Luna (PP).
