Cerca de 2.000 personas, sobre todo ancianos, extranjeros y discapacitados, han sido estafados por una red de falsos instaladores de gas, que llegaban a cobrar entre 50 y 390 euros por supuestas revisiones y trabajos innecesarios, aunque de alguna víctima llegaron a obtener 2.500 euros.
Según ha informado hoy la Dirección General de la Policía, agentes de este cuerpo han desarticulado una red delictiva dedicada a estas estafas en ocho comunidades autónomas y han detenido a doce personas, creadoras de un entramado de 60 empresas que llegó a acumular una deuda con la Seguridad Social de casi 4 millones de euros.
La operación se ha desarrollado en las comunidades de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Baleares, Andalucía y Comunidad Valenciana.
Según las investigaciones, los falsos revisores del gas acudían a domicilios de personas especialmente vulnerables, a quienes amenazaban con cortar el suministro o con importantes multas si se negaban a la revisión "obligatoria".
Así, llegaron a obtener hasta 2.500 euros de una sola víctima y a asediar a ancianos a los que estafaron en días consecutivos o acompañaron al cajero automático para que retiraran la mayor cantidad de efectivo posible.
Los detenidos gozaban de un alto nivel de vida y contaban con numerosas propiedades en España, según la Policía, cuya investigación ha permitido el embargo de 227 cuentas bancarias abiertas en 19 entidades, así como la incautación de 10 vehículos de alta gama.
Casi dos años han durado las pesquisas, centradas en un entramado de empresas dedicadas a las revisiones y el mantenimiento de instalaciones receptoras de gas envasado o de GLP (gas licuado procedente del petróleo), las populares "bombonas de butano".
La red empresarial fue creada a partir de una asociación sin ánimo de lucro, en la que cinco de los doce detenidos figuraban como integrantes del consejo de administración.
Sus empresas contrataban a operarios, en muchas ocasiones con antecedentes penales, para que acudieran a domicilios de personas mayores sobre todo, a las que les hacían creer que se trataba de revisiones obligatorias.
A veces llamaban previamente por teléfono a sus víctimas haciéndose pasar por inspectores de Industria, para luego acudir a los domicilios a realizar las revisiones.
Una vez en el interior de las viviendas, los operarios simulaban servicios de mantenimiento y realizaban supuestas revisiones y trabajos innecesarios por los que cobraban unas cantidades que oscilaban entre 50 y 390 euros.
También aprovechaban la entrada a la casa para hurtar al descuido objetos de valor.
Además del perjuicio económico, provocaban situaciones de riesgo en las viviendas al manipular las instalaciones sin tener la habilitación precisa para ello.
Incluso, y para intentar justificar el precio de la supuesta revisión, llegaban a cortar las gomas canalizadoras del gas, con el riesgo de explosión que conlleva.
Las detenciones se han practicado en las localidades madrileñas de Fuenlabrada (1), Navalcarnero (2) y Fresno del Torote (1), Barcelona (1), el municipio toledano de Yeles (1), Málaga (2), Fuengirola, también en la provincia malagueña (2), Granada (1) y Elche, en Alicante (1).
A los arrestados se les imputan de delitos de estafa, blanqueo de capitales y contra la Seguridad Social.
También se han efectuado 15 registros en domicilios y en sedes de empresas de localidades madrileñas (Fuenlabrada, Alcalá de Henares y Humanes), Yeles, Málaga, Granada, Almería, Santiago de Compostela, Castellón, Elche y León, y se han incautado 14 ordenadores, 12 discos duros, 5 portátiles, 14 teléfonos móviles, 6 lápices de memoria, una tableta, mil euros en efectivo y 10 vehículos.
Según la Policía, el fraude de la estafa resulta imposible de cuantificar, ya que las víctimas no denunciaban.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), junto a grupos de Policía Judicial de 11 provincias y con la colaboración de inspectores de Trabajo, de Consumo y de Industria.
Para evitar las estafas, la Policía recuerda que la revisión de gas es obligatoria cada cinco años para el caso de butano propano y nadie puede imponer una revisión antes de ese plazo salvo que se realicen modificaciones en las instalaciones.
Normalmente la compañía con la que se tiene contrato llama al usuario al aproximarse la fecha de revisión, ya que cuenta con sus datos.
Por ello, hay que solicitar a los operarios que acudan al domicilio la identificación de instalador autorizado por el Ministerio de Industria y llamar al 091 si se sospecha de una posible estafa.
