s con la empresa pública Arpegio para que gestionara los fondos públicos del plan Prisma, ante la sospecha de que promotores pagaron comisiones por estos contratos al amparo de Francisco Granados. En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado reclama a Garrido los convenios firmados con Arpegio entre 2006 y 2011 en los que se otorgaba a la empresa pública la gestión y adjudicación de las obras financiadas con fondos del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma).
Se trata, entre otros, de convenios autorizados por el Consejo de Gobierno y suscritos por el consejero de Presidencia relativos a ese plan de financiación de obras con dinero público, y también de acuerdos de Garrido en los que designó al vocal que representaba a la Comunidad en la mesa de contratación de varios de esas obras.
Esta información, solicitada al juez por la Fiscalía, responde a las declaraciones del exsocio de Francisco Granados, David Marjaliza, quien confesó al juez que contratistas y promotores habían pagado comisiones para acceder a las obras de los 22 consorcios urbanísticos de Arpegio y los dos planes Prisma que se investigan, impulsados por la Comunidad.
La ejecución de los consorcios urbanísticos y de los planes Prisma, dotados con 1.000 millones de euros, dice el juez, "se llevaron a cabo bajo la esfera de dominio de Francisco Granados como presidente de las mesa de contratación, en persona o por delegación, junto con un numero de vocales, uno de ellos elegido directamente por aquel, y procedentes todos del Patronato de Arpegio, presidido por él mismo".
"El dominio sobre las decisiones de adjudicación era absoluto y fue algo buscando desde el momento inicial de redacción del convenio", dice Velasco.
Para el juez, es necesario "profundizar en la secuencia de acuerdos administrativos que sirvieron de vehículo de transmisión" de las adjudicaciones a través de los convenios formalizados entre la Consejería de Presidencia, dirigida entonces por Francisco Granados, y la presidencia de la empresa pública Arpegio en los años 2006 y 2008 (con vigencia hasta 2011).
Velasco menciona en su auto la declaración de un testigo el pasado mes de marzo, que criticó la "arbitrariedad de las decisiones que se adoptaban en la Fundación de Arpegio a la hora de ejecutar su programa de ayudas y subvenciones".
En el escrito también reclama al presidente de Nuevo Arpegio (sucesora de la Fundación Arpegio) que le remita la documentación que tenga sobre estos convenios con la Comunidad de Madrid y sobre los contratos, por valor de unos 6 millones de euros, que adjudicó a la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos (Dusa) para que gestionara las licitaciones públicas del plan Prisma.
También le pide otros expedientes de contratos de publicidad y propaganda del plan de comunicación para la presentación de Prisma (2,5 millones) y de los actos de presentación, visitas a las obras y primeras piedras (781.000 euros).
