El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha acordado declarar como causa compleja la investigación para esclarecer si el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Alvaro Fernández Heredia, pudo cometer un delito contra la propiedad intelectual creando una cuenta no oficial en Twitter del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid.
En un auto, al que tuvo acceso Europa Press y adelantaron el diario El Mundo y El País, el magistrado ha establecido en consecuencia un periodo de instrucción de 18 meses, lo que llevará a que finalice previsiblemente el 19 de noviembre de 2018.
Al respecto, recuerda que el pasado 17 de mayo se incoaron diligencias previas por presunto delito contra la propiedad intelectual a raíz de un escrito del Consorcio Regional de Transportes. La Fiscalía, solicitó que la investigación se declarara compleja, petición que ha aceptado el juez.
El auto explica que esta medida, prologar la investigación hasta los 18 meses, se puede aplicar en una serie de supuestos, como es el caso de que involucre a gran cantidad de investigados o víctimas, la realización de abundante documentación o complicados análisis para las pruebas periciales, que implique actuaciones en el extranjero o que precise la revisión de la gestión de personas jurídico privada o públicas, entre las circunstancias que pueden concurrir. El magistrado también establece que ante esta resolución cabe la posibilidad de interponer recurso de reforma en el plazo de tres días ante el propio juzgado.
El gerente explicó a Europa Press en enero que no creó ninguna cuenta, que habría sido dada de alta por un colectivo con el fin de denunciar que el Consorcio no contaba con perfil en la red social. Además, tras ser citado a declarar como investigado, pidió el sobreseimiento de la causa al entender que no había delito penal. La denuncia del Consorcio de Transportes se formuló tras detectar la existencia de una cuenta no oficial en twitter del organismo, que usaba su logo y su imagen sin permiso.
El Consorcio procedió a denunciarlo ante la Policía Nacional por si pudiera estar cometiéndose un delito contra la propiedad intelectual, sin saber quién podría estar detrás de la misma. La Policía dio traslado del caso a la Fiscalía, que lo llevó a los tribunales.
A su vez, el organismo regional solicitó personarse en la causa y la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, opinó que Alvaro Fernández Heredia debería presentar su dimisión por la polémica suscitada tras conocerse que está siendo investigado por si pudo cometer un delito. Frente a ello, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, avaló al gerente de la EMT, de quien ha dijo que es un "excelente profesional", y avanzó que no iba a cesarle. "Le avalo como gerente y si alguna de sus actuaciones ha podido molestar a alguien le pido disculpas pero no considero que sea de relevancia para que tenga que ver con un cese o con medidas de esas características", manifestó la edil en enero.
Además, según ha publicado el diario El Mundo, el juez ha solicitado información a las compañías de telefonía Movistar y Vodafone sobre a quién corresponden 12 direcciones de IP a las que se conectaron unos 200 números de teléfonos diferentes que podrían haber accedido a la cuenta de Twitter.
