Un año después de la tragedia, la investigación judicial para aclarar las circunstancias de la muerte de cinco jóvenes en una fiesta de Halloween en el Madrid Arena el pasado 1 de noviembre se acerca a su fin.
El titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, prevé concluir en diciembre de este año la investigación del caso, mientras que el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, confiesa que le hubiera gustado acabarla antes del aniversario y confía en que esto ocurra "cuanto antes".
Sin embargo, algunos abogados de las familias de las víctimas consideran que las actuaciones pendientes pueden prolongarse hasta principios del próximo año.
En la causa están imputadas veinticuatro personas pertenecientes a Diviertt -los promotores de la fiesta-, Kontrol 34, Seguriber, Madrid Espacios y Congresos -la empresa municipal gestora del Madrid Arena-, el equipo encargado de la asistencia médica en el evento y la cúpula de Seguridad, Policía Municipal y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.
HAN COMPARECIDO 42 TESTIGOS
En los últimos doce meses, un total de 42 testigos han comparecido en el Juzgado para aportar su versión de lo ocurrido, como el supervisor de guardia del Samur, Antonio San Juan, o los amigos de las chicas fallecidas.
El juez calcula que hasta el final de la instrucción quedan por declarar otros cinco testigos, entre ellos, la persona que abre materialmente las puertas de emergencia del recinto y que puede aclarar quién le dio la orden de hacerlo.
Un total de 43 lesionados la noche de los hechos se han personado en el procedimiento y se han sometido a estudios médico-forenses.
Además, se han abierto diez piezas separadas, una de averiguación patrimonial de los promotores del evento, Miguel Ángel y José María Flores, otra de responsabilidad civil y ocho de situación con medidas cautelares adoptadas sobre imputados.
El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, señala que el propósito de la Fiscalía es agilizar la instrucción "lo máximo posible", de manera que se pase "cuanto antes" a la siguiente fase, que es el auto de procedimiento abreviado, en el que se recogerán el relato de los hechos y las personas imputadas, así como la calificación y la conducta delictiva que se les atribuye.
La Fiscalía siempre ha trabajado con la calificación de los hechos como una imprudencia grave o temeraria, con resultado de muerte y de lesiones, aunque en su momento valorará si mantiene este criterio o no, explica Moix.
Para el fiscal superior de Madrid, quedan pocas actuaciones "esenciales" para decidir el paso a la siguiente fase, aunque hay otras partes personadas en el proceso que quizás pretendan continuar con la investigación durante más tiempo.
Entre las diligencias pendientes, se encuentra el volcado de los datos de los ordenadores intervenidos en un despacho del Madrid Arena el día en que el juez y las partes hicieron la inspección ocular del recinto.
El Grupo V de Homicidios de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid debe entregar además su informe sobre el nuevo recuento de las ocho urnas con entradas decomisadas en el recinto, que ya en noviembre fueron contabilizadas con el resultado 16.791 pases, un 58,4 por ciento más del aforo permitido para el evento.
También está por hacer la reconstrucción de los videograbadores que formaban parte del sistema de grabación del Madrid Arena para comprobar si no había cámara en el pasillo donde ocurrieron los hechos.
Los abogados de las víctimas esperan la declaración de los controladores de acceso, así como los careos entre altos cargos de Diviertt, Madrid Espacios y Congresos y Seguriber para esclarecer quién dio la orden de abrir las puertas de emergencia y de la antigua cafetería del Madrid Arena.
Las acusaciones particulares también quieren revisar las grabaciones efectuadas en el Madrid Arena desde las cero hasta las veinticuatro horas del 31 de octubre para verificar la entrada de los trabajadores de Kontrol 34 al recinto.
