El Ayuntamiento de Madrid interpone 875 denuncias a grafiteros, son 63 los investigados y abre 802 expedientes en tres años

Madrid/ La Sección pionera de Protección del Patrimonio Urbano (Sepropur) de la Policía Municipal de Madrid ha interpuesto en los tres años que lleva en marcha hasta 875 denuncias a grafiteros, son 63 los investigados, ha abierto 802 expedientes, han sido 628 informes, 1.466 identificados y 190 atestados remitidos a juzgados de instrucción, junto a otros 17 a la Fiscalía de Medio Ambiente por delitos de daños a edificios protegidos o de interés cultural.

"El grafiti no es arte urbano, es la forma de algunos de ensuciar la ciudad", ha condenado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde las instalaciones donde la sección tiene su sede, en la comisaría de la calle Plomo de la Policía Municipal.

En esta sección prestan servicio una treintena de agentes en turnos de mañana, tarde y noche durante las 24 horas del día, todo el año. Los policías de esta sección, mediante planes de actuación basados en el diagnóstico y en mapas de riesgo de los espacios públicos afectados, llevan a cabo una respuesta reactiva de la mano de las comisarías integrales de distrito, así como funciones de análisis de daños, identificación de las autorías y, en su caso, demandas de la restitución de los daños causados.

Su marco territorial de actuación es el conjunto de la ciudad, con algunas ubicaciones especialmente vulnerables. Estos agentes también realizan un registro de imágenes y localización de los grafitis existentes; investigan, junto a los servicios policiales de grafología, su posible autoría (especialmente los que afectan al patrimonio histórico, en contacto con la Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano, del Área de Cultura, Turismo y Deporte); rastrean en redes sociales de acceso público; tramitan todos los atestados y centralizan la recepción de las denuncias administrativas de las diferentes comisarías creando una base de datos de estas agresiones al patrimonio.

Mantienen contacto con el área delegada de Limpieza y Zonas Verdes para establecer los procedimientos de restitución del bien dañado y consultar su archivo de imágenes de grafitis, así como con los administradores de fincas en aquellos espacios privados cuyas fachadas son objeto de pintadas.

SEPROPUR mantiene también una estrecha colaboración con la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo para desarrollar procedimientos y actuaciones ágiles y efectivas, además de con todas aquellas estructuras que se precisen para conseguir una mejora sustancial en la percepción de seguridad derivada de este vandalismo.

Esta sección de Policía Municipal se sumó a la puesta en marcha en septiembre de 2022, las patrullas antigrafitis del área de Medio Ambiente y Movilidad, un nuevo Servicio Público de Limpieza Urgente (Selur) dotado de más medios para agilizar y hacer más eficientes las intervenciones.

Entre otros servicios incluyen estas patrullas especializadas que responden a los avisos de los vecinos para eliminar las pintadas, además de revisar periódicamente las zonas de los distritos donde su aparición es habitual. Asimismo retiran las pintadas sobre superficies metálicas, metacrilatos y plástico, que hasta entonces no se cubrían.

Las sanciones por realizar estos actos vandálicos se rigen por el artículo 20 de la Ley 3/2007 de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid. En diciembre de 2019, el Gobierno municipal endureció los importes por esta infracción, atendiendo a los márgenes que permitía la legislación.

Algunas multas se llegaron a duplicar o triplicar. Así, por ejemplo, en el caso de las pintadas sobre los cierres comerciales o elementos asociados a actividades económicas, se elevó de 500 a 1.000 euros; sobre mobiliario urbano, muretes o pilares y puertas, de 300 a 600 euros y en edificios emblemáticos, las multas por pintadas de menos de un palmo ascienden a 2.000 euros y las que lo superan, a 3.000 euros.

En diciembre de 2024, el Ayuntamiento modificó el protocolo de prestación ambiental sustitutoria de las sanciones en materia de limpieza de los espacios públicos permitiendo que las personas con infracciones por realizar grafitis en la vía pública puedan sustituir su sanción borrando pintadas.

Entre las intervenciones más destacadas de SEPROPUR destacan, por ejemplo, la investigación por delito de daños contra el patrimonio histórico a dos grafiteros que realizaron pintadas en la parte posterior de la plaza de la Villa y en el monumento a las víctimas de Mauthausen.

Ls diez investigados por delitos de daños contra el patrimonio histórico por realizar pintadas en el Museo de América, edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC); la intervención por daños en el monumento a la infanta Isabel de Borbón en Moncloa-Aravaca; el operativo en el parque de la Cuña Verde (Latina) con cinco denunciados e intervenciones de 200 sprays; las intervenciones por la vandalización de la tapia de Sabatini (Casa de Campo) durante las obras de la A-5, y diversas identificaciones y denuncias a varios grafiteros activos en la zona de los cuarteles de Campamento.

El aumento de la vigilancia y de las sanciones, debido a la reincidencia de muchos, ha hecho que algunos habituales de estas pintadas hayan abandonado esta práctica: una primera pintada, según la superficie, conlleva sanciones de entre 600 y 3.000 euros, pero la multireincidencia provoca el aumento de la cuantía económica de las sanciones.

Los acumulados de denuncias llevan a casos como el de un vecino de Chamberí que, tras ser sancionado con hasta 8.000 euros, asumió su autoría y se le impusieron 2.500 euros de sanción económica y 40 horas de trabajo en beneficio de la comunidad.

Otro vecino de Arganzuela fue denunciado por hechos por importe de 15.000 euros de sanción y un grafitero habitual de la zona de la plaza del Dos de Mayo fue denunciado con acumulado de denuncias por un importe total que supera los 20.000 euros. Pendientes de juicio penal quedan aquellos detenidos infraganti realizando pintadas sobre edificios protegidos, estatuas o paramentos con especial protección, donde el daño al patrimonio histórico se encuentra penado con hasta cuatro años de cárcel en función del daño causado.

Esta unidad ha tenido "una participación importante" en la Puerta del Sol, sede de la desalojada acampada por la vivienda, "para valorar los daños y datar los diferentes grafitis y pintadas que se habían hecho, tanto en el Oso Madroño como en la estatua de Carlos III".

Cuantificar esos daños en el patrimonio servirá al ayuntamiento para "ejercer las acciones judiciales correspondientes". "Estamos trabajando en esa cuantificación para iniciar las acciones judiciales contra el exdelegado del Gobierno Francisco Martín", ha reiterado el alcalde. Tanto él como la vicealcaldesa, Inma Sanz, tienen pendiente una reunión con los servicios jurídicos municipales a lo largo de esta semana "para tomar definitivamente ya la decisión de cuándo presentar la querella contra el anterior delegado del Gobierno".