Un grupo de personas pasan frente a uno de los bares de la zona de Huertas y Plaza de Santa Ana en Madrid | EFE
(Actualizado

La Comunidad de Madrid ha reclamado al Gobierno central la adopción de medidas económicas en apoyo del sector de ocio nocturno, ante la decisión de instar a las comunidades autónomas a suspender las actividades de estos locales, a través de una carta que ha remitido la consejera del ramo, Marta Rivera de la Cruz, a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

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Según ha informado el Ejecutivo regional, "están en juego 200.000 empleos y la supervivencia de 25.000 empresas porque muchas de ellas no podrán retomar la actividad cuando se levanten las medidas restrictivas".

En la misiva, Rivera de la Cruz ha señalado que la decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad "obliga a estas empresas a asumir cierres temporales sin conocer bajo qué circunstancias podrán retomar su actividad".

En esta línea, ha lamentado que esta situación "genera nuevas incertidumbres a un sector que podría registrar cierres definitivos si no se implementan las medidas adecuadas para proteger tanto a las estructuras empresariales como a sus trabajadores".

Esta medida ha incidido en que, además, empeora la situación de unos profesionales que ya se enfrentan en la actualidad a grandes dificultades "como consecuencia del grave estado del sector de la hostelería y del turismo en nuestro país".

Además, ha recordado que en la Comunidad de Madrid el ocio nocturno representa el 1,6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional con 3.500 millones de euros de facturación y que genera 20.800 puestos de trabajo y más de 2.600 empresas.

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Por su parte, las 50 asociaciones territoriales integrantes de Hostelería de España, organización que agrupa a restaurantes, bares y cafeterías de todo el país, estudiarán la interposición de manera coordinada en cada comunidad autónoma de recursos contra las últimas medidas acordadas por los Gobiernos central y autonómicos.

Hostelería de España ha señalado en un comunicado que las medidas de freno a los nuevos brotes del Covid-19 tendrían que ser “justificadas, proporcionadas y no centrarse exclusivamente en el sector, que queda en una situación de discriminación e indefensión, sin disponer de ayudas compensatorias, como sí está sucediendo con otros sectores”.