Vecinos piden al Defensor del Pueblo que Madrid "ponga coto" a las 'cocinas fantasma'

  • Han registrado este martes la denuncia de las comunidades de propietarios afectadas en Tetuán, Arganzuela y Chamartín.
  • El Consistorio anuncia una modificación, pero dice que la actividad está en regla. Los afectados piden una moratoria de licencias.
Vecinos piden al Defensor del Pueblo que Madrid "ponga coto" a las 'cocinas fantasma'
Miembros de la plataforma vecinal a las puertas del Defensor del Pueblo |FRAVM

Este martes, una delegación de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y de varias comunidades afectadas han presentado en la oficina del Defensor del Pueblo un escrito en el que solicitan su intervención "para poner coto a unos negocios que están generando graves problemas en algunas zonas de la ciudad".

En el escrito se insta al Ayuntamiento de Madrid actúe. Hasta el momento, según los vecinos, se ha limitado a permitir las actividades de las dark kitchen con el argumento de que “están en regla” y cumplen con la legalidad.

El delegado de Desarrollo Urbano ha anunciado que su área está preparando una modificación de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) con el fin de introducir algunas restricciones a la apertura de estos negocios.

Ocho cocinas con "irregularidades"

Pero los afectados afirman que “lo cierto es que no es verdad que todo está en regla, como lo prueba la denuncia que el 29 de abril presentamos en el Ayuntamiento por las irregularidades que presentan ocho negocios de cocinas fantasma".

Además estiman que hasta que se apruebe la modificación , este tipo de negocios "aprovecharán para consolidar las actividades y hacerlas irreversibles, por eso pedimos una moratoria de licencias”, ha indicado Vicente Pérez Quintana, responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM, tras registrar la petición ante el Defensor del Pueblo.

Cese o clausura

“La ubicación de estas actividades entre las viviendas origina múltiples y graves molestias a la población residente en sus entornos, dados los impactos manifiestos sobre la calidad del aire, la contaminación acústica, la movilidad y la seguridad", afirma Pérez Quintana.

"Una elevada proporción de ellas incumplen o posiblemente incumplen distintas normas reguladoras del Ayuntamiento de Madrid, por lo que la actividad debería ser objeto de las preceptivas órdenes de cese y clausura o, en su caso, la licencia de obras y funcionamiento no debería ser otorgada”, sostiene la Federación Vecinal en su carta al Defensor.

Decenas de cocinas

En el acto de presentación de esta petición de amparo han participado vecinas y vecinos afectados de la calle José Calvo, 10, donde ya funcionan a pleno rendimiento 21 cocinas industriales, generando problemas de movilidad y contaminación atmosférica y acústica; y de Suero de Quiñones, 11 y Alejandro Ferrant, 8, un lugar, este último, donde está a punto de abrir un negocio de 12 cocinas.

Algunas de las 'cocinas fantasma' localizadas por las asociaciones de vecinos / FRAVM
Algunas de las 'cocinas fantasma' localizadas por las asociaciones de vecinos |FRAVM

Precisamente el pasado 8 de mayo centenares de personas se manifestaron hasta la Junta de Distrito de Arganzuela para pedir la paralización de este proyecto empresarial, que afecta, según señalan, a 15 bloques de viviendas y a la comunidad escolar del colegio público Miguel de Unamuno.

Almeida en las “cuatro chimeneas”

Este lunes, un grupo de familias y vecinos afectados por las cocinas de Alejandro Ferrant interpeló sobre este problema al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto de inauguración de una calle cercana al colegio Miguel de Unamuno.

Tras exponerle su preocupación por las consecuencias negativas en el vecindario y el alumnado, invitaron al regidor a visitar el patio del centro educativo, hecho que finalmente se produjo.

El alcalde defendió que el proyecto tiene una licencia legal y que lo vigilarán cuando empiece a funcionar. La Asociación de Familias del Alumnado (AFA), insiste en que el Ayuntamiento "debe velar por la salud y seguridad vial de los 900 escolares del centro".