Una exedil de Podemos en Móstoles descarga toda la responsabilidad del 'caso ITV' en la exalcaldesa

La exedil de Podemos en Móstoles Natividad Gómez, que está investigada por la presunta comisión de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos en el conocido como 'Caso ITV', ha pedido su absolución tras alegar en su escrito de defensa que "no tuvo intervención alguna en el expediente".

La exedil de Podemos, que abandonó la política hace dos años, se desmarca de esta manera de la gestación del acuerdo por el que están siendo también investigados la exalcaldesa Noelia Posse (PSOE) y otros siete de sus ediles en la anterior legislatura por la condonación en 2020 de una deuda a la empresa ITV Móstoles S.L.

En su escrito de defensa, adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso EFE, Gómez rechaza todas las acusaciones de prevaricación y malversación y atribuye a la exalcaldesa la iniciativa y dirección del acuerdo de Junta de Gobierno, en la que ella votó a favor, que dio origen a la investigación.

"La acusada es concejal sin competencias específicas en la materia, sin intervención alguna en el expediente, careciendo de competencia ejecutiva o decisoria individual sobre el asunto. No intervino ni en la gestación, ni en la tramitación ni en la ejecución del acuerdo. No tuvo participación individual alguna", añade el escrito.

Además, la exedil de Podemos insiste en que su voto en la Junta de Gobierno del 1 de septiembre de 2020 se limitó a "seguir instrucciones expresas de su partido dentro del pacto de coalición con el PSOE", obedeciendo lo que define como una "disciplina política".

Por otro lado, el escrito de defensa sostiene que el asunto llegó "sorpresivamente" a la Junta de Gobierno a propuesta de la entonces alcaldesa Posse, y que fue presentado como un punto urgente avalado por informes técnicos que parecían favorables y que estaban respaldados por el Tesorero Municipal, Francisco Javier Torner.

Por último, la defensa insiste en que Gómez no tuvo acceso al expediente completo ni conocimiento del informe jurídico desfavorable, además de que actuó "de buena fe" y "confiando legítimamente en los informes municipales y en el criterio de los técnicos y del Tesorero".

Por todos estos motivos, la defensa solicita el sobreseimiento para Gómez o, de manera subsidiaria, su absolución, alegando ausencia de dolo, falta de competencias en la materia y vulneración de su derecho a la presunción de inocencia.

Este escrito de defensa es uno de los últimos que quedan por presentar ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles, que ya dictó en septiembre de 2024 apertura de juicio oral contra Posse, Gómez y otros siete ediles en la anterior legislatura por la presunta comisión de un delito de prevaricación y malversación.

En el auto de procesamiento, al que tuvo acceso EFE, se declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Madrid, que ya ordenó hace meses la reapertura de las diligencias después de que en un primer momento la jueza archivara las actuaciones.

De esta manera, la Audiencia Provincial de Madrid deberá discernir si Posse y al resto de ediles investigados perjudicaron las arcas municipales cuando el Ayuntamiento decidió condonar la deuda a la empresa ITV Móstoles, a pesar de contar con un informe desfavorable del interventor.

Además de Posse y Gómez, la acusación también se dirige contra el exprimer teniente de alcalde David Muñoz; la exconcejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, Rebeca Prieto; el exedil de Seguridad, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín; y a la exedil de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz.

Todos ellos continúan hoy en día como concejales del grupo socialista en el Ayuntamiento de Móstoles, con la propia Posse como portavoz municipal, una vez que fueron desalojados del Gobierno municipal tras la victoria de PP y Vox en las últimas elecciones municipales.