El Ayuntamiento de Móstoles ha avanzado que recurrirá ante el Tribunal de Cuentas el archivo del procedimiento abierto contra la exalcaldesa Noelia Posse (PSOE) y otros ocho ediles de su anterior equipo de Gobierno por los perjuicios económicos causados en el llamado 'Caso ITV'.
Esta reacción se produce después de que el propio Tribunal de Cuentas decidiera hace unos días archivar esta causa tras constatar que la posible responsabilidad contable derivada del acuerdo se verá resuelta en otro procedimiento contencioso-administrativo abierto por el Ayuntamiento, a través de un recurso de lesividad ya en tramitación.
"El compromiso de este Gobierno municipal consiste en velar por el dinero público y preservar el interés general de los mostoleños. Por ese motivo, el Ayuntamiento de Móstoles recurrirá la decisión del Tribunal de Cuentas", han señalado a EFE fuentes municipales, que insisten en continuar con el procedimiento.
En un principio, el Tribunal de Cuentas había admitido a trámite la demanda del Ayuntamiento de Móstoles para exigir responsabilidad contable a Posse y a los exediles Dolores Triviño, Rebeca Prieto, Marisa Ruiz, Alex Martín, David Muñoz, Beatriz Benavides, Nati Gómez y Aitor Perlines, además del tesorero Francisco Javier Torner.
En un primer momento, la delegada instructora concluyó que había un alcance patrimonial de 555.162 euros de principal, más 111.969 de intereses que imputaba al impago de los cánones de la concesionaria ITV Móstoles en los años 2015 y 2018, que deberían abonar de forma solidaria tanto Posse como los ediles acusados.
Aunque la propia Fiscalía también se había adherido a esta demanda, el nuevo Ejecutivo local, formado por PP y Vox, aprobó en 2023 un acuerdo para revertir la condonación de deuda del 'Caso ITV' e inició la reclamación por la vía contencioso-administrativa "del daño generado a las arcas municipales".
De esta manera, la vía contensioso-administrativa abierta por el Ayuntamiento, a través de un recurso de lesividad ya en tramitación ante el Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 27 de Madrid, ha provocado que la consejera instructora del tribunal haya decretado la finalización del proceso de reintegro por alcance.
En este sentido, concluye que "de declararse la nulidad del acto administrativo en sede contenciosa, la entidad local podrán reclamar en su integridad la deuda condonada, por lo que no se produciría ningún perjuicio económico definitivo".
Por el contrario, si el juzgado valida la legalidad del acuerdo, "no cabría responsabilidad contable porque el acto habría sido judicialmente refrendado".
En consecuencia, el Tribunal de Cuentas entiende que no corresponde en este momento determinar si existió o no daño económico imputable personalmente a los exmiembros del gobierno municipal y decreta el archivo del procedimiento, imponiendo además las costas procesales al Ayuntamiento de Móstoles.
Esta investigación se inició en el año 2020 a raíz de que el interventor municipal, que fue destituido poco después -cese que ha anulado el recientemente el TSJM-, denunciara ante el Tribunal de Cuentas "la presunta falta de recaudación de ciertos cánones adeudados por la mercantil ITV Móstoles".
Además, sigue abierta vía penal, que fue archivada en un principio, pero reabierta después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara en marzo de 2024 al Juzgado de Instrucción número 1 que revocara el sobreseimiento inicial del caso y acordara "la transformación de la causa en Procedimiento Abreviado".
Tras varios recursos rechazados, el caso está a la espera de que el Juzgado de Instrucción recoja las acusaciones tanto de la Fiscalía como de la acusación y dicte el auto de transformación de la causa en Procedimiento Abreviado", lo que llevaría a la apertura de juicio oral contra la alcaldesa y los otros ediles investigados.