La aplicación Uber, que pone en contacto online a usuarios y conductores de la citada empresa para desplazamientos, está evaluando una apelación a la "repentina e inusual" decisión del juez de lo Mercantil número 2 de Madrid, que ha ordenado la cesación y prohibición en todo el territorio nacional del sistema.
"Se trata de un procedimiento judicial comercial altamente inusual y una decisión cautelar presentada contra nosotros y requerida por una asociación de taxis de Madrid", afirma la aplicación en un comunicado.
Uber recalca que numerosos organismos de competencia de la Unión Europea han solicitado una desregulación total del sector del taxi, que actualmente actúa como una barrera para la incorporación de nuevas alternativas de movilidad tanto para los consumidores como para la economía.
Uber continuará cumpliendo con la legislación española y actualmente está evaluando una apelación a este repentino e inusual procedimiento", insiste la compañía.
Por otro lado, defiende que uberPOP es su solución "innovadora" que permite a los ciudadanos compartir los costes de su vehículo con otros particulares, ofreciendo viajes cercanos, seguros y eficientes, y asegura seguirá estando disponible para su comunidad de usuarios en España. En este sentido, Uber incide en que dar la opción de mover a más personas con menos coches es "positivo" para el medio ambiente y para las ciudades.
"Este fallo es incompatible con el amplio reconocimiento político tanto en España como en la Unión Europea a los beneficios de compartir recursos y la economía colaborativa, especialmente en un momento de alto desempleo y de recuperación económica delicada", justifica.
El juez de lo Mercantil número 2 de Madrid ha acordado estimar las medidas cautelares propuestas por la Asociación Madrileña del Taxi planteada de forma previa a la interposición de una futura demanda contra la empresa Uber.
El juez explica que acepta la medida, ya que los conductores contratados carecen de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor y la actividad que llevan a cabo supone competencia desleal. En la resolución, aclara que no se trata de una cuestión de debate filosófico sobre la libertad de mercado en general y la economía cooperativa en particular, sino "una protección cautelar basada en la legalidad vigente".
OSSORIO: TODOS LOS TRANSPORTISTAS CON LAS MISMAS CONDICIONES
El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha afirmado que desde el Ejecutivo autonómico respetan la decisión del juez de lo Mercantil número 2 de Madrid, que ha ordenado la prohibición en todo el territorio nacional de Uber, una app que pone en contacto online a usuarios y conductores de la citada empresa para desplazamientos, y ha afirmado que ellos están en que todos los gestores del transporte trabajen "con las mismas condiciones.
"Siempre respetamos las decisiones de la Justicia y con Uber lo que tiene que haber es igualad para todos en sus actuaciones. No puede ser que haya determinados gestores del transporte que paguen todos los impuestos religiosamente, que cumplan todas las medidas de seguridad que las administraciones les imponemos que haya otras empresas que puedan actuar sin esas medidas y no pagar impuestos", ha afirmado Ossorio preguntado por la decisión del juez de lo Mercantil número 2 de Madrid.
"No puede ser que haya determinados gestores de transporte que paguen sus impuestos religiosamente y que cumplan todas las medidas de seguridad en favor de los consumidores y que haya otras empresas empresas que puedan actuar sin esas medidas y sin pagar impuestos", ha señalado el consejero,
Por su parte, la Comisión Europea ha dicho este miércoles que "toma nota" de la decisión judicial que prohíbe en Uber en España, pero ha avisado a las autoridades españolas de que cualquier medida para regular esta aplicación de transporte de pasajeros debe respetar los principios de proporcionalidad, no discriminación y libertad de establecimiento.
"Tomamos nota de lo que está pasando ahora en España y para nosotros es importante no prohibir completamente nuevas tecnologías sólo porque son nuevas, aunque somos conscientes de que deben cumplir las regulaciones de los Estados miembros", ha dicho el portavoz de Transportes del Ejecutivo comunitario, Jakub Adamowicz.
El Ejecutivo comunitario ha señalado que "no hay legislación de la UE sobre Uber" y que por tanto "la provisión de servicios de taxi es actualmente competencia de los Estados miembros".
"Lo que es importante para nosotros por lo que se refiere a la legislación sobre taxis, ya sea en España o en el resto de Estados miembros, es que respete los principios de la normativa de la UE de no discriminación y proporcionalidad. Es lo único relevante aquí", ha resaltado el portavoz.
Por su parte, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que el Gobierno está permanentemente preocupado por los taxistas y aquellas personas que desarrollan una labor en el transporte de viajeros y ha subrayado que en España hay un ordenamiento jurídico que se tiene que respetar. "Este Gobierno trabaja siempre con las comunidades autónomas y con las asociaciones profesionales", ha señalado la titular del departamento, quien ha añadido que el transporte de viajeros es un sector regulado y que debe respetarse, por tanto, el ordenamiento jurídico al respecto.
LOS PARTIDOS DE LA ASAMBLEA GUARDAN PRUDENCIA
Los cuatro partidos con representación en la Asamblea de Madrid -PP, PSM, IU y UPyD- han valorado la orden judicial de cese de la actividad en todo el territorio nacional de la aplicación para compartir coche Uber y han abogado por aclarar si su realiza competencia desleal con el sector del taxi.
El portavoz adjunto del PP, Pedro Muñoz Abrines, ha considerado que la decisión del juzgado es "lógica" y "razonable" al afirmar el auto que existen "claros indicios" de "competencia desleal", al tiempo que ha recordado que la Comunidad de Madrid ha sancionado a Uber en "muchos expedientes" por incumplir la legislación.
El portavoz adjunto del PSM, Jose Quintana, ha considerado positivo que se investigue si ha existido "competencia desleal" y abogado por aclarar las "condiciones" de la empresa para ver si puede tener actividad en España.
El portavoz de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, ha afirmado que este sistema que da la posibilidad de compartir coches a los ciudadanos en momentos de precariedad económica puede entrar en colisión con un amplio número de trabajadores perjudicados y ha abogado por armonizar ambos intereses y adecuar la situación a la normativa vigente.
Desde UPyD, el portavoz adjunto Ramón Marcos ha recalcado que la suspensión cautelar es razonable porque "todos" deben cumplir la ley y ha defendido la existencia de Uber, que considera una "innovación", siempre que cumpla las normas y las leyes.
