La Sala de lo Civil y Penal del TSJM ha celebrado la tercera sesión del juicio contra la ex alcaldesa de Torrejón, Trinidad Rollán, y trece ex ediles por un delito de prevaricación en relación a la votación de un convenio urbanístico en un Pleno celebrado el 26 de noviembre de 2001 para la construcción de 107 viviendas sociales. Los catorce procesados se enfrentan a ocho años de inhabilitación especial para ejercer como cargo público.
La vista ha comenzado con la sorprendente petición de Julián López, uno de los imputados que al ser abogado se defiende a sí mismo, al Tribunal para que admita como prueba documental a todos los efectos, el acta del Pleno del Ayuntamiento de Torrejón en el que se aprobó el convenio. Un escrito que el Tribunal decidió ayer tomar en consideración de forma genérica para valorar el resto de las pruebas practicadas en el juicio oral, pero no incorporarlo como prueba.
La aclaración del juez, Francisco Javier Vieira, se produjo después de que el acusado Julián López, que ejerce como su propia defensa, solicitara al tribunal que incluya el acta como prueba con la finalidad de que esta incorporación supuestamente extemporánea pudiera derivar en un futuro en una nulidad de las actuaciones.
Con esta estrategia las Defensas buscan la nulidad del juicio, ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo permite incorporar pruebas durante la instrucción y no durante la vista oral. Además, la incorporación de una nueva prueba durante la vista generaría indefensión en sus clientes.
Mientras, los concejales de la oposición han ratificado que todos los miembros de la Corporación Municipal conocían el informe del Secretario alertando de la ilegalidad del convenio.
La totalidad de los procesados sostiene que no tenían conocimiento de que el informe estuviera en el orden del día del Pleno, una versión que choca con la ofrecida por la ex edil Pilar Mesa de Hoyos y los concejales del PP e IU.
En la sesión de esta mañana, el concejal de IU Carlos Loaisa Cuesta ha manifestado que en el Pleno se debatió "algo" sobre el informe del secretario municipal, pero ha recalcado que no recuerda que viera físicamente el informe. Además, ha indicado que tenía conocimiento de que el convenio no era del todo legal, puesto que había "conclusiones contradictorias" .
Por su parte, Aúreo Hernández Miguel ha señalado que su grupo voto en contra de la moción, puesto que había dos informes contradictorios en referencia al del secretario y al del interventor, que recogía las conclusiones del anterior.
En su declaración de ayer, Pilar Mesa del Hoyo respaldó la actuación del secretario municipal y reseñó que éste era "riguroso" en sus informes y que "guardaba los plazos". "El que quería conocer y saber los puntos del orden del Pleno tenía acceso a toda la documentación. Si no les importaba, no lo iban a encontrar", destacó, al tiempo que recalcó que "todos los portavoces en el Pleno hablaron del informe".
"El día de la comisión informativa se hizo un manuscrito de la ilegalidad. No había un informe jurídico fundamentado. El 23 de noviembre se emitió y yo me hago con él. Y pasamos al día del Pleno donde ya estaba", aseveró.
"En mi intervención en el Pleno, hice mención al informe de ilegalidad y advertí de que se podría incurrir en un ilícito penal", recalcó la ex edil. "No había más argumentos que decir que era lo mejor para el pueblo. Se debatió sobre el informe. Nos despreciaban porque éramos una formación minoritaria", indicó, a lo que añadió: "Si un equipo minoritario y despreciado como el mío conocía el informe. Un Equipo de Gobierno lo tenía que conocer. Los informes podrían ser engorrosos, pero quién quería los entendía y quién no, pues no".
Además, subrayó que el Interventor se adhirió al informe del secretario municipal en otro escrito más ajustado, que estaba en el Pleno. "Yo defendía que la permuta recogida en el convenio no se podía llevar a efecto porque no se daban argumentos jurídicos. El informe del secretario avalaba mi opinión", remachó.
CRITICAS DE GONZALEZ
Por su parte, el vicepresidente y portavoz regional, Ignacio González, ha afirmado este jueves que con el juicio que se celebra esta semana contra Trinidad Rollán por un presunto delito de prevaricación, al secretario general del PSM, Tomás Gómez, "se le ha caído todo su discurso" y "le han desbordado sus propias incongruencias y contradicciones".
"Siempre que ha habido alguna actuación que no ha afectado a gente de sus partido, ha magnificado las cuestiones, ha pedido todo tipo de responsabilidades penales, políticas etc, hasta que se ha encontrado ni más ni menos con la número 2 del PSM imputada por una resolución dictada como alcaldesa de Torrejón que presuntamente incurre en delito prevaricación", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Por tanto, en ese momento "se le ha caído a Gómez todo su discurso". "No es que sólo esté desaparecido, sino que le ha llevado a decir una cosa tan absurda como comparar una infracción administrativa como es una multa de tráfico con la presunta comisión de un delito", ha lamentado.
De hecho, ha asegurado en que confía en que estas declaraciones del líder de los secretarios madrileños "sean por desconocimiento absoluto y no porque de alguna manera haya querido justificar la comisión de un delito quitándole importancia".
Asimismo, ha aprovechado para recordar que en otras ocasiones, al PP se les exigió y llevó a cabo responsabilidades políticas, mientras que el PSM "no solo no les ha relevado sino que les apoya y además se intenta presentar la presunta comisión de un delito con una mera infracción administra", algo, a su juicio, "inconcebible".
En cualquier caso, centrándose en el juicio contra Trinidad Rollán y la corporación municipal de 2001 de Torrejón , ha dicho que a vista de las informaciones que hay, la declaración del secretario del Ayuntamniento y el acta de la sesión plenaria en la que se discutió el asunto, "parece que dejan bastante claro que allí se habló de los informes del secretario y de las oportunas reservas que a la decisión del asunto se hicieron por los óganos que tienen la competencia para asesorar legalmente a la corporación". "Y a la vista de eso parece que la corporación tomó una decisión que estaba en contra de esos informes", ha concluido.
