El Supremo ratifica la condena a un imputado de la Gürtel por estafar al Ayuntamiento de Arganda

Ayuntamiento de Arganda del Rey
Ayuntamiento de Arganda del Rey

El Tribunal Supremo ha ratificado una condena de dos años de prisión para Juan Francisco Fernández Caballero, imputado en la pieza de la Gürtel que trata sobre contratos irregulares del Ayuntamiento de Arganda del Rey, por estafar unos dos millones de euros al consistorio.

La Sala de lo Penal ha dictado una sentencia, en la que desestima el recurso de Fernández Caballero contra la resolución de la Audiencia de Madrid que le condenó por un delito de estafa.

Además de la pena privativa de libertad, el Supremo confirma una multa de 2.400 euros y una indemnización de 1,8 millones de euros a la empresa municipal del Ayuntamiento de Arganda, que es el dinero que precisamente estafó según recoge la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro.

Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2012 cuando Fernández Caballero, que ya había sido imputado por su presunta participación en la Gürtel, ejercía de consejero delegado de Fomento y Desarrollo Municipal SA, posteriormente denominada Empresa de Servicios Municipales de Arganda, ESMAR.

En marzo de 2011 adjudicó un contrato de obra para la adecuación y urbanización del centro deportivo urbano del Barrio de la Poveda a la constructora Urbajar SL, por 2,4 millones de euros y ésta emitió una primera factura de 1,8 millones de euros que el acusado ejecutó con tres pagarés por esa cantidad y que la empresa cobró.

Poco después, el empresario Jose María Arnau, condenado también por esto hechos, compró la constructora y junto a Fernández "se pusieron de acuerdo, con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito, para que el primero reclamara nuevamente el pago de la factura mediante la inclusión como supuesto acreedor de Urbajal por importe de 1.809.590 euros, sin que ello fuera cierto, en el plan de proveedores" del Ayuntamiento.

Así las cosas, el consistorio pagó por segunda vez esta cantidad pero a través del ICO, que tras detraer cantidades correspondientes a embargos de la AEAT y otras deudas de Urbajar, se quedó en unos 623.000 euros, un dinero que no fue ingresado en la cuenta corriente de Urbajar sino de otra sociedad del empresario denominada Turaza SL.

El alcalde, Guillermo Hita (PSOE), ha publicado un mensaje en Twitter en el que dice estar “satisfecho” por este fallo, a la vez que recalca que en Arganda del Rey “quedan por dilucidar y juzgar muchas responsabilidades de los tiempos oscuros”.

Se suma a esta satisfacción el PP de Arganda del Rey, que ha mostrado su “respeto y satisfacción” ante esta sentencia que, según celebran, pone fin al trámite iniciado por el Gobierno municipal en 2013, entonces en manos de los populares.