El consejero de Medio Ambiente, Jaime González de Taboada, ha dicho hoy que desconoce por qué el supuesto cabecilla del caso Púnica David Marjaliza le acusó de "mangonear" con las ayudas del plan Prisma y ha asegurado que no conoce "de nada" al empresario ni se ha tomado "una copa con él".
Taboada ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, en la que ha informado sobre el plan Prisma 2006-2007, ya que entonces formaba parte de la mesa de contratación del mismo como director general de Cooperación con la Administración Local.
En su declaración ante el juez, Marjaliza aseguró que Taboada está entre los supuestos perceptores de comisiones ilegales y 'mangoneaba' con las ayudas del programa de inversiones del plan regional de inversiones y servicios de Madrid (Prisma).
El portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, le ha preguntado por qué cree que Marjaliza dijo eso. "Esa pregunta me la hago yo desde que lo dijo (...) no conozco a Marjaliza de nada", ha respondido el actual consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.
"No me he tomado una copa con él, un café, no he estado en su casa, él no ha estado en la mía, no conozco a su familia, no conoce a la mía (...) no le pongo cara ni ahora porque no me da la gana de ver la televisión cuando sale ese señor", ha añadido.
Ha recordado que ha interpuesto una querella por las declaraciones de Marjaliza pero no ha querido dar más detalles al respecto al afirmar que se trata de un "tema personal".
Taboada ha dicho que no acudió a ninguna mesa de contratación del plan Prisma a pesar de formar parte de la misma para no dejar de atender las "funciones propias" de su cargo, ni fue nadie de la dirección general de Cooperación con la Administración Local en su lugar.
Por ello, ha señalado que no tenía "ni voz ni voto" a la hora de decidir las adjudicaciones del plan, al tiempo que ha rechazado la opción de haber nombrado a otra persona para asistir a las mesas y controlar lo que se decidía en las mismas ante la posibilidad de que se cometieran irregularidades. "No sospeché nada, no soy quién para sospechar del trabajo de los demás", ha sostenido.
Por otro lado, ha comentado que como director general de Cooperación con la Administración Local tuvo una relación "absolutamente estrecha" con los municipios y alcaldes de Madrid, pero ha asegurado que no recibió por parte de ellos regalos "ostentosos". Sí ha recordado que el Ayuntamiento de Alpedrete le regaló dos botellas de vino, el de Villaconejos un melón, el de Campo Real "una lata de aceitunas" y el de Chinchón "un paquete de ajos".
También ha negado que los alcaldes le informaran de "chanchullos" con Marjaliza y el exconsejero Francisco Granados. "¿En qué cabeza cabe que un alcalde me llame y me diga, oye que estoy en un chanchullo?", se ha preguntado.
El pasado mes de julio, el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, pidió a la Comunidad de Madrid los convenios suscritos con la empresa pública Arpegio entre 2006 y 2011 para que gestionara los fondos del Prisma ante la sospecha de que promotores pagaron comisiones por los mismos al amparo del exconsejero Francisco Granados, según confesó Marjaliza.
Entonces, Granados era presidente del consejo de administración de Arpegio, la empresa pública madrileña a la que se encomendó en 2006 la gestión del plan Prisma, de la que antes se encargaba la Comunidad junto con los propios ayuntamientos.
Taboada ha indicado que no pudo "entrar a valorar" este cambio, ya que era una decisión que dependía del Consejo de Gobierno, pero ha explicado que fueron los propios ayuntamientos los que lo solicitaron porque "empezaron a tener situaciones económicas delicadas".
El consejero ha afirmado que no tuvo una "relación personal" con Granados, sino estrictamente laboral, porque para él un "superior era sagrado", y se ha desvinculado de Arpegio al depender de "otra Consejería".
Previamente, han comparecido Pilar Roca, responsable del departamento jurídico de Arpegio; José Osuna, exdirector general de la consultora Typsa, encargada de la asistencia técnica a Arpegio; y Arturo Carulla, accionista de Airina. Este grupo ha interpuesto en los tribunales una demanda para reclamar a Arpegio 72 millones de euros por la parcela que la empresa pública adquirió en 2005 en Arganda del Rey al estimar que el terreno (que se destinó en parte a la celebración de Rock in Río) sigue sin estar legalizado.
SERRANO (PP) CUESTIONA LA OPORTUNIDAD DE CONTINUAR CON LAS COMPARECENCIAS EN CUESTIONES QUE ESTAN JUDICIALIZADAS
El diputado autonómico del PP Alfonso Serrano ha aclarado este mediodía que no recurrirá judicialmente la constitución de la comisión de investigación sobre corrupción política que viene funcionando en la Comunidad de Madrid desde hace año y medio, pero estudian pedir un informe jurídico tras conocer la sentencia que ha tumbado la comisión de investigación del Ayuntamiento.
En los pasillos de la Asamblea, Serrano ha asegurado que le "preocupan" los motivos por los que un juez ha anulado la comisión de investigación municipal, en concreto por entender que se trata de una "causa general" contra el PP. "Lo denunciamos en su momento porque no había concreción en el objeto y en el tiempo. A los grupos parlamentarios les dio exactamente igual y tiraron para adelante", ha manifestado.
Aunque ha recordado que mientras la comisión del Ayuntamiento puede ser recurrida ante el Contencioso y en el caso de la Asamblea debería serlo ante una instancia muy superior, al tratarse éste último de un órgano parlamentario, Serrano se ha preguntado "si un tribunal decidiera, por los motivos que fuera, que (la comisión) es nula porque no se ajusta a una causa general, ya que el reglamento habla de un asunto, y se tirara por tierra todo el trabajo realizado". "Sería algo tremendo, porque aquí se le obliga a la gente a venir, se ha juzgado su honradez, se ha prejuzgado... A nosotros nos preocupa que pudiera pasar eso o que un compareciente pide amparo al Constitucional porque pueda pensar que está participando en una comisión que es nula", ha esgrimido.
De ahí que el parlamentario popular plantee al resto de los grupos que piensen en el impacto que tiene la sentencia sobre la comisión de investigación municipal. "No sé si es oportuno pedir a los servicios jurídicos de esta Cámara un informe, porque la sentencia hace referencia a jurisprudencia sobre la posibilidad de hacer causas generales. A lo mejor es oportuno pedirlo para trabajar con mayores garantías", ha agregado.
En este punto, Serrano ha aclarado que el Grupo Popular no quiere que se paralicen los trabajos de la comisión y que no van recurrir a la Justicia porque "no tiene nada que esconder y está encantados de que se investigue cualquier tema". Eso sí, ha pedido proteger las garantías jurídicas de los comparecientes, "porque aquí vienen gente imputada y hasta en la cárcel", en alusión al exconsejero regional, Francisco Granados.
"Vamos a esperar a ver si el Grupo Parlamentario considera que hay que pedir ese informe jurídico, y si los otros grupos lo ven bien o quieren seguir funcionando como un rodillo y que haya ciertas inseguridades", ha apostillado.
LA OPOSICIÓN INSTA AL PP A LLEVAR LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN A LA JUSTICIA
La portavoz del PSOE-M en la comisión, Encarnación Moya, ha comentado que le parece "muy frívolo relacionar las normas de la administración local con la administración autonómica"."Si el grupo popular opina que esta comisión puede estar en duda, lo tiene muy fácil, puede denunciar o puede impugnar los trabajos de esta comisión", ha señalado.
El portavoz de Podemos, Miguel Ongil, ha coincidido al indicar que le parece una "frivolidad comparar competencias de dos instituciones totalmente diferentes".
"Si tienen cualquier problema, pueden acudir a los tribunales", ha apuntado.
En la misma línea, el diputado de Ciudadanos César Zafra ha declarado que "si al PP no le gusta esta comisión o entiende que no es útil, no tiene ningún impedimento para ir a los juzgados y pararla".
"Igual que nos ha pedido una reflexión sobre esta comisión, le pedimos que también reflexionase sobre por qué estamos intentando conseguir que esta comisión siga adelante, siga trabajando", ha reclamado.
A continuación, la presidenta de la comisión, Dolores González, de Ciudadanos, ha recordado que ésta se aprobó por mayoría cualificada en la Cámara regional con "doce folios de justificación". "Además, trabajamos con un plan concreto cada semestre sobre casos concretos", ha destacado.
En declaraciones posteriores a los medios, Serrano ha explicado que su grupo no va a acudir a la Justicia, entre otros motivos porque "los actos de un Ayuntamiento pueden ser recurridos ante el tribunal contencioso, pero los actos de una Asamblea no". "Lo puede pedir un compareciente", ha manifestado.
El diputado del PP ha insistido en que su grupo sólo quiere saber "qué podría pasar en la Asamblea de Madrid ante un caso similar" y ha asegurado que "nadie está pidiendo que se paren los trabajos" de la comisión de investigación de corrupción.
Sobre la posibilidad de pedir un informe a los servicios jurídicos de la Cámara, ha abogado por hacerlo de manera conjunta con el resto de grupos."Si quieren seguir funcionando como un rodillo y que aquí haya ciertas inseguridades, ya veremos qué hacemos nosotros", ha concluido.
