El precio deja de ser el criterio único o fundamental en la contratación en el Ayuntamiento de Madrid y sus órganos autónomos y se da paso a la igualdad, con la perspectiva de género, la accesibilidad, la seguridad y salud laboral, la formación en el lugar del trabajo, el empleo y la estabilidad del mismo.
En los contratos que se adjudiquen a partir de este miércoles, sean del organismo que sea, deberá observarse al menos uno de los objetivos citados. Según el empleo y la estabilidad, la subrogación contractual de los trabajadores será obligatoria en los contratos de más de 300.000 euros relativos a la gestión de servicios públicos.
Esto supondrá que, al término de un contrato, el personal de la empresa adjudicataria saliente pasará a estar adscrito a la nueva adjudicataria con todos los derechos y las obligaciones.
En el caso de los contratos con perspectiva social -aquellos relacionados directamente con políticas sociales, como educación o asistencia a mayores, o los destinados a perceptores de renta mínima, personas sin hogar, víctimas de violencia machista o desempleados de larga duración-, dichos objetivos se emplearán como criterio para valorar y adjudicar los contratos.
El delegado de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha cifrado en 1.500 millones de euros anuales los que se regirán a partir de ahora por estas cláusulas sociales en los contratos públicos que se adjudiquen a empresas y entidades. Desde ahora el Ayuntamiento se fijará en si las concesionarias emplean lenguaje o imágenes sexistas, desde el punto de vista de la igualdad.
En la nueva contratación puntuarán las medidas encaminadas a la conciliación de vida laboral y familiar, como la reducción de jornada, la opción de acogerse a excedencias o la reasignación de servicios. En cuanto al empleo no sólo tendrán en cuenta el salario base sino que se calculará también en función del coste de la antigüedad.
NO APLICABLE A LOS CONTRATOS DE LIMPIEZA
Las cláusulas sociales no tienen carácter retroactivo, ha remarcado Sánchez Mato al ser preguntado por los contratos integrales de limpieza dado que la nueva contratación considerará los ERTE incumplimiento de contrato al modificarse las condiciones firmadas. Ahora, en palabras del edil, están "con las manos atadas".
La instrucción entrará en vigor este miércoles, desde la publicación del decreto firmado por Sánchez Mato, presentado este martes a la prensa. A final de mes se creará una comisión de seguimiento de ejecución de contratos para comprobar que se cumple lo que se firmó. Estará conformada por los responsables de la licitación, adjudicación y gestión de contratos. Las reuniones de la comisión, dirigida desde el área de Economía y Hacienda, serán regulares.
COMO DECIA SU ABUELA, "LO BARATO SALE CARO"
Carlos Sánchez Mato ha argumentado que se trata de "pasar a otra pantalla", donde ya no se habla exclusivamente de rentabilidad económica sino también de la social. "Si sólo se tiene en cuenta el precio resulta interesante únicamente para una parte pero no socialmente, ni para el Ayuntamiento ni para la ciudadanía", ha lanzado el concejal.
El criterio único del precio puede resultarle "baratísimo" a la Administración pero, en este punto, el delegado ha citado a su abuela: "Lo barato sale carísimo y en Madrid hay suficientes muestras a costa de la precariedad descomunal en el empleo". Estas cláusulas sociales en la contratación municipal han sido definidas por el edil como "una palanca revolucionaria, la única forma de avanzar".
Se trata de garantizar con estas cláusulas la mejora de los servicios públicos y la de los derechos laborales, ha explicado el delegado, además de cambiar la forma de contratar superando así la fórmula de contratos integrales, por ejemplo.
El delegado no ha obviado la importancia de este decreto: es un "avance impensable hace unos pocos años" poniendo al Ayuntamiento "a la vanguardia". También ha asegurado que esta instrucción "va más allá de las directivas europeas, que ya abren camino en esta línea".
NUEVAS INSTRUCCIONES EN CAMINO
La jefa de gabinete, Esther López Barceló, ha avanzado que a la instrucción de las cláusulas sociales le seguirán otras medioambientales, éticas de comercio justo e innovadoras, que se elaborarán con criterios participativos.
Preguntada sobre si las grandes empresas podrían descolgarse de la contratación municipal, López Barceló ha contestado que estarán "absolutamente de acuerdo en el que se cumpla la legislación en lo referido a la conciliación o el mantenimiento y estabilidad de los trabajadores". De no hacerlo serían unos "antisistema", ha lanzado irónicamente. "Lo ponemos más difícil para que nadie se salte la ley", ha remachado.
Sánchez Mato, por su parte, ha asegurado que "no es un decreto antinadie sino a favor de la gente que recibe los servicios y que los presta". "Queremos que la responsabilidad social corporativa se plasme en la contratación pública de verdad", ha declarado.
El titular de Economía y Hacienda ha asegurado que hay "margen presupuestario" para hacer frente a esta contratación que no tiene el precio como único criterio. Ayuda el remanente positivo de tesorería de 2015, de más de 300 millones de euros, que se presentará en los próximos días.
Sobre la remunicipalización, el edil ha destacado que sigue un camino paralelo a las cláusulas sociales en la contratación. "La opción política de remunicipalizar sigue en la mesa. Vamos avanzado despacio pero con paso firme. (Esta instrucción) no es una huida para no prestar servicios de manera directa", ha asegurado.
