El vicepresidente, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha considerado hoy que la instrucción interna del equipo de la alcaldesa, Manuela Carmena, a la Policía Municipal sobre la venta ambulante ilegal es "contraria al sentido común".
La Policía Municipal de Madrid ha dictado una instrucción interna donde señala los riesgos de la venta ambulante ilegal y prioriza el patrullaje disuasorio a pie con el objetivo de evitar "ocupaciones intensivas del espacio público" que puedan ser peligrosas.
Según detallan a Efe fuentes del área de Salud, Seguridad y Emergencias, esta circular publicada el viernes y firmada por el comisario general de la Policía Municipal, Teodoro Pérez, se lleva preparando varios meses ante los riesgos, "muy puntuales" pero existentes, en las intervenciones contra los manteros.
"Este fenómeno, que está al margen de la ley, cada está invadiendo más espacios públicos", ha reconocido Rollán en declaraciones a los medios de comunicación, durante una visita a las obras de renovación de la red de abastecimiento del Canal de Isabel II en el distrito de Retiro.
Los propios manteros son, a su vez, "víctimas de redes que generalmente los explotan", ha afirmado el vicepresidente madrileño, quien ha opinado que "no tiene ningún sentido que una Administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, en lugar de combatir y evitar este fenómeno, se encuentre más cómodo mirando hacia otro lado".
Rollán ha recordado que hace algún tiempo cuando se estaba produciendo una venta ilegal, independientemente de quién la estuviera llevando a cabo, ya fuera español o de cualquier otra nacionalidad, se intentaba evitar para establecer "unas reglas del juego".
Son numerosas, ha destacado, las asociaciones de comerciantes que están poniendo "el grito en el cielo" por la proliferación del fenómeno de los manteros en algunas calles muy transitadas y turísticas.
Ha lamentado profundamente la ocupación del espacio público por la venta ambulante ilegal, lo que, a su juicio, puede conllevar problemas de seguridad, además de perjudicar "de manera notable a quienes están atendiendo a sus compromisos a nivel fiscal y legal".
