El juez del caso Púnica Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a 37 personas, ocho de ellas exalcaldes, por irregularidades en la adjudicación a la compañía de servicios energéticos Cofely de contratos públicos en varios municipios, la mayoría de la Comunidad de Madrid, entre 2012 y 2014.
Además de los exalcaldes, entre los procesados destaca el empresario David Marjaliza, considerado socio del exconsejero madrileño Francisco Granados en Púnica y que desde hace unos años está dando muestras de colaboración con la Justicia en esta causa.
En esta pieza del caso, la número 6, Marjaliza está considerado el "conseguidor" de esos contratos de Cofely con la trama.
La investigación afecta a los contratos adjudicados en los ayuntamientos madrileños de Torrejón de Velasco (por valor de 4.111.395 euros); Moraleja de Enmedio (2.862.975 euros); Parla (54.659.019 euros); Alcalá de Henares (11.847.479 euros); Valdemoro (50.280.748 euros); Collado Villalba (35.467.135 euros); Móstoles (60.449.119 euros) y Serranillos del Valle (4.205.589 euros), lo que hace un montante total de casi 224 millones de euros.
A esto, el juez añade los procesos de adjudicación que quedaron interrumpidos en las localidades madrileñas de Brunete y Casarrubuelos, y en Almendralejo (Badajoz) al estallar de la operación Púnica en octubre de 2014.
Entre los investigados están los exalcades de Parla José María Fraile (PSOE); de Móstoles Daniel Ortiz - también exdiputado 'popular' en la Asamblea de Madrid-; de Collado Villalba Agustín Juárez López de Coca (PP); de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga (PP); de Moraleja de En medio Carlos Alberto Estrada (PP); de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas Navarro (PP); de Serranillos del Valle Antonio Sánchez Fernández (UDMA), y de Almendralejo José García Lobato (PP).
En el caso de este último ayuntamiento, aunque el auto precisa que no se llegó a adjudicar ningún contrato a Cofely por la actuación judicial, el alcalde sí facilitó supuestamente información del expediente, por lo que se procede contra él por revelación de información reservada.
Entre los ahora procesados por el juez figuran, además, técnicos municipales y varios exdirectivos de la empresa Cofely, a la que el magistrado también propone juzgar como persona jurídica.
El magistrado considera los hechos constitutivos de un total de ocho delitos: organización criminal; cohecho para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes del mismo en concurso con prevaricación y revelación de información reservada; tráfico de influencias; fraudes; cohecho del particular en concurso con prevaricación administrativa; fraudes del particular; aprovechamiento de información reservada para sí o para un tercero; y delito de cohecho en persona jurídica.
