Profesores de Secundaria de Latina tratan de evitar el desahucio de una de sus alumnas
El lanzamiento judicial de la menor y su familia está previsto para el 28 de octubre
La vivienda es una de las vendidas por el Ayuntamiento de Madrid al fondo Blackstone
Movilización vecinal para tratar de detener un desahucio |EUROPA PRESS
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El Sindicato de Inquilinas y Menos Lectivas han presentado en los Juzgados de Primera Instancia de Madrid un informe educativo elaborado por docentes de Secundaria para solicitar la paralización del desahucio de una menor escolarizada en un instituto del distrito de Latina al considerar que la ejecución del lanzamiento agravaría su situación de vulnerabilidad y vulneraría su derecho a la educación.
El informe se ha presentado en el procedimiento que instruye el Juzgado de Primera Instancia número 99 de Madrid para frenar evitar el citado desahucio, previsto para el próximo 28 de octubre.
Con el documento, las organizaciones emplazan al juez para que valore las consecuencias que la inseguridad residencial está teniendo en el desarrollo académico y personal de la alumna, cuya familia está amenazada de desalojo por el fondo inmobiliario 'Brookfield'.
"¿Cómo va un niño de 13 años a pensar siquiera en ir a clase con sus compañeros cuando no tiene siquiera un lugar donde vivir?"
"Sin vivienda no hay educación"
La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha denunciado en declaraciones a los medios que las prácticas especulativas del mercado de la vivienda están afectando "gravemente a la infancia" y ha advertido de que la incertidumbre sobre la continuidad en el hogar repercute directamente en la capacidad de aprendizaje de los menores.
"Sin vivienda no hay educación", ha afirmado Del Río, quien ha explicado que el profesorado ha decidido dar un paso más en la defensa de la educación pública para reclamar también el derecho de sus alumnos a disponer de una vivienda digna y estable.
Según ha detallado, el informe presentado recoge la situación de vulnerabilidad educativa que arrastra la menor desde hace años como consecuencia de la inseguridad habitacional y concluye que las consecuencias serían aún más graves si se ejecutara el desahucio.
Por ello, reclama que se paralice de forma inmediata para garantizar su desarrollo y su permanencia en el centro educativo.
Del Río ha subrayado que el caso se enmarca en un problema que afecta a numerosas familias y ha recordado que la vivienda en la que reside la menor fue originalmente de titularidad pública.
Según ha explicado, el Ayuntamiento de Madrid vendió estas viviendas en 2013 al fondo Blackstone, tras lo que las familias residentes han vivido, a su juicio, "un prolongado periodo de inseguridad contractual y procedimientos judiciales".
La portavoz también ha aludido a la compraventa de estos activos inmobiliarios entre Blackstone y Brookfield, cerrada en abril de este año, y ha criticado que el Gobierno no interviniera para recuperar las viviendas y garantizar la estabilidad de sus residentes.
"Una realidad cotidiana"
Por su parte, el portavoz de Menos Lectivas, Raúl Araque, ha advertido de que las consecuencias de los desahucios sobre el alumnado son "una realidad cotidiana" en los centros educativos y ha relatado su experiencia como orientador en un colegio público.
Araque ha recordado el caso de un alumno de primero de la ESO que dejó de acudir a clase durante varios días.
Cuando el tutor contactó con la familia, supieron que estaba siendo desahuciada. "¿Cómo va un niño de 13 años a pensar siquiera en ir a clase con sus compañeros cuando no tiene siquiera un lugar donde vivir?", ha planteado.
El portavoz ha descrito situaciones de familias que viven hacinadas en habitaciones compartidas, menores que cambian repetidamente de centro educativo y docentes que temen que sus alumnos dejen de acudir a clase porque desconocen dónde vivirán al día siguiente.
También ha alertado de las dificultades que afrontan los menores con necesidades educativas específicas, incluidos alumnos con autismo, cuando la inestabilidad residencial obliga a sus familias a trasladarse y les impide consolidar vínculos con sus compañeros y profesores.
A juicio de Araque, estas situaciones afectan a "los niños antes, durante y después de un desahucio", por lo que ha reivindicado el papel de los centros educativos como espacios de apoyo para el alumnado y sus familias.