La Policía ha detenido al responsable de la cadena de clínicas dentales Funnydent, Cristóbal López, de 48 años, acusado de un delito de estafa tras el cierre inesperado de los nueve centros que dispone en España, siete en Madrid y dos en Cataluña. Nuestras cámaras han captado en exclusiva su imágen. Es Cristóbal López, el administrador único de Fanident.
La policía ha registrado esta mañana su domicilio en Arroyomolinos el domicilio. Le hemos escuchado decir que no ha hecho nada. Que es inocente. Pero su franquicia dental era una estafa que ha dejado tirados y sin tratamiento a 2.000 pacientes y a cerca de 200 empleados de Madrid y Barcelona en la calle. Los testimonios apuntan a un personaje, como poco, controvertido.
Precisamente, la Policía inició ayer en esa localidad la investigación tras recibir por la tarde numerosas denuncias de clientes de la cadena dental. De momento, los agentes no le han tomado declaración en espera de obtener más resultados de las pesquisas iniciadas y evaluar las denuncias. Probablemente, mañana podrían iniciarse los registros.
Miles de pacientes y numerosos trabajadores se han visto afectados por el repentino cierre de las clínicas. Funnydent tiene clínicas en los madrileños Leganés, Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Alcobendas, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, así como en las localidades barcelonesas de Sabadell y Mataró.
Los afectados por el cierre aseguran superar el millar de personas y denuncian que se han quedado "con tratamientos a medio hacer con las consecuencias graves para la salud que esto conlleva". A través de la plataforma Change.org, donde llevan recogidas más de 1.600 firmas, han iniciado una campaña en la que, además, piden ayuda al Defensor del Pueblo.
"Estos señores han desaparecido de las clínicas de la noche a la mañana y nos han dejado a los pacientes con las bocas medio operadas", señalan los afectados en su petición dirigida al Defensor del Pueblo.
Varios afectados de Funnydent trataron ayer sin éxito de entrar a la fuerza en las oficinas centrales de la empresa, ubicadas en Navalcarnero y hoy cerradas a cal y canto. En el polígono industrial Alparrache puede verse el edificio, una nave de dos plantas, cerrado y sin actividad y dos furgonetas y un camión de pequeño tamaños con los logotipos corporativos.
En Alcobendas, más de 120 afectados por el cierre se han concentrado para dar a conocer sus casos, que incluyen tratamientos de hasta 12.000 euros que los pacientes ya habían financiado.
Los alcaldes de Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares han recibido a centenares de afectados por el cierre, en tanto que el Ayuntamiento de Leganés ha convocado a una reunión con sus servicios jurídicos a los afectados y el de Fuenlabrada se ha puesto en contacto con el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos y con el servicio de Odontología de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos para encontrar soluciones.
Uno de los afectados, Alfredo Extremo, ha explicado a Efe que estaba siendo sometido a "un proceso de implantación dental de 12.000 euros" y que lleva con el tratamiento "más de un año", cuando le extrajeron las piezas dentales en mal estado.
"No puedo comer, estoy a base de purés", se ha lamentado Alfredo, ya que la semana pasada le realizaron ocho implantes en la parte superior de la boca y, para el día 2 de febrero, estaba citado para completar los seis implantes de la parte inferior, no pudiendo usar desde entonces la dentadura provisional.
Por su parte, Facua-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una plataforma de afectados para asesorarles sobre sus derechos. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid considera que el caso del cierre de estas clínicas es consecuencia de la legislación vigente, en virtud de la cual "cualquier empresa privada o particular ajeno a la Odontología" puede abrir una clínica.
