Podemos e IU denuncian a 28 políticos y empresarios por la operación Chamartín

Podemos e Izquierda Unida han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a 28 políticos y empresarios, entre ellos ocho ministros, a quienes acusa de la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, cohecho y malversación de caudales públicos en la gestación de la Operación Chamartín, ahora Madrid Nuevo Norte, que habrían causado un quebranto de 2.780 millones de euros.

En la denuncia aparecen como demandados ocho ministros de Fomento (los más recientes, Íñigo de la Serna y José Luis Ábalos), dos presidentes de la Comunidad de Madrid (Esperanza Aguirre e Ignacio González) y dos alcaldes de la capital (Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella).

Los ministros que son objeto de la denuncia son Josep Borrell (1991-1996), Rafael Arias Salgado (1996-2000), Francisco Álvarez Cascos (2000-2004), Magdalena Álvarez (2004-2009), José Blanco (2009-2011), Ana Pastor (2011-2016), Íñigo de la Serna (2016-2018) y José Luis Ábalos (2018 hasta hoy).

El Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado lunes por unanimidad la que es su mayor operación urbanística, Madrid Nuevo Norte, un proyecto conocido popularmente como Operación Chamartín y que ha estado bloqueado durante 26 años. Aunque fue el Gobierno municipal de la exalcaldesa Manuela Carmena el que firmó la redacción definitiva del proyecto, en la denuncia no aparece ninguno de sus miembros.

La portavoz de IU Madrid, Sol Sánchez, ha explicado a los medios que no puede apuntar al anterior Ayuntamiento como "responsable" de algo que "se ejecutó" el pasado lunes, ya en una nueva legislatura, aunque ha señalado que si "hay alguna implicación más" la Fiscalía Anticorrupción "tendrá que imputar o llamar a declarar a la gente que sea necesario".

Podemos e IU consideran que las condiciones del contrato inicial de 1993 mediante el cual Renfe concedió al consorcio privado Duch (actual Distrito Castellana Norte o DCN) los terrenos del recinto ferroviario de Chamartín se han ido modificado sustancialmente, pero sin que haya habido nuevas licitaciones, y que los sucesivos cambios han sido "claramente lucrativos" para la promotora. El "quebranto a las arcas públicas" que calculan Podemos e IU corresponde a tres conceptos. El principal es la modificación del precio, que según estas formaciones ha costado al Estado 2.117 millones de euros.

Riesgos y sobrecostes

Esto se explica porque en el contrato original Renfe recibía un canon fijo de 17.000 millones de pesetas y un 53% de los beneficios que originara la operación. Finalmente, Adif venderá sus terrenos (con un 71% más de edificabilidad que en el primer plan) por 984 millones de euros, renunciando a cualquier plusvalía. Además, Podemos e IU estiman que este importe "es la mitad del precio de mercado".

Por otro lado, añaden como perjuicio la rebaja de los costes de urbanización que se ha ido produciendo con las sucesivas modificaciones (de 1.924 a 1.341 millones euros) y los 80 millones de euros de IBI que, alegan, DCN debería haber pagado al Ayuntamiento de Madrid por su condición de adjudicataria. Y agregan otros elementos que podrían causar mayores perjuicios a las administraciones públicas y que no existían en el convenio de 1993: la inversión de la carga de los riesgos y sobrecostes, que ya no asumiría DCN; la concesión a la promotora de permisos de reventa de los terrenos y la ampliación de 5 a 20 años del plazo de pago concedido a esta.