Un grupo de asociaciones sociales, la mayoría de Madrid y que constituyen el Observatorio de la Movilidad Urbana Sostenible de Madrid (OMUSM), han firmado un pacto para pedir al Ayuntamiento de Madrid una política de transporte basada más en las bicicletas y peatones y una mejor gestión de la movilidad.
El pacto lo han presentado este miércoles dos miembros de coordinación de OMUSM bajo el nombre 'Pacto por la Movilidad Urbana', con el objetivo de lograr una gestión más eficiente del transporte público y establecerse como una herramienta de consenso para el Ayuntamiento y los principales partidos políticos.
La propuesta pretende abordar los problemas de movilidad y solventar las dificultades que desde 2010 se vienen dando en la gestión del transporte público, así como disminuir la utilización del vehículo privado ligado a un aumento de la contaminación atmosférica, el ruido, la escasez de espacio público, los problemas de accesibilidad o la marginación de determinados colectivos o barrios.
"Las infraestructuras de transporte han tenido como prioridad el transporte privado lo que ha llevado a una mala gestión de la movilidad y el aparcamiento", ha explicado uno de los miembros de OMUSM, Javier Burrieza.
Asimismo, el pacto establece los objetivos generales que plasman la visión de futuro de una ciudad muy diferente a la actual. "Necesitamos una ciudad más saludable, amable, próxima, habitable, que cuide, segura, próspera y participativa", ha señalado Burrieza.
Por su parte, el acuerdo también anuncia los principios de actuación bajo los que deberían regirse las nuevas medidas y políticas en materia de movilidad y urbanismo.
"Queremos hacer ver al Ayuntamiento de Madrid que los ciudadanos necesitan una ciudad con un transporte público más eficiente, con más bicicletas y peatones, más habitable, con un aire menos contaminado y más accesible", ha declarado el miembro de OMUSM.
Burrieza también ha acentuado que para solucionar estos problemas es necesario más participación por parte del Ayuntamiento y los ciudadanos, y más transparencia a la hora de gestionar los problemas de la movilidad.
