El juez Pedraz cita a Norman Foster el 4 de mayo por el caso del Campus de la Justicia de Madrid

El juez Pedraz cita a Norman Foster el 4 de mayo por el caso del Campus de la Justicia de Madrid
El arquitecto Norman Foster |EUROPA PRESS

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar el próximo 4 de mayo como testigo al arquitecto Norman Foster en el marco de la causa en la que se investiga el presunto desfalco del Campus de la Justicia de Madrid.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, la comparecencia se hará por videoconferencia desde Suiza, una vez que el arquitecto ha sido localizado por las autoridades helvéticas. Así, el magistrado tiene previsto tomarle declaración sobre su contratación en 2006 por el Gobierno de Esperanza Aguirre para construir dos de las 14 edificaciones que compondría el complejo.

Se trata de dos edificios interconectados por una red de túneles que compondría el complejo urbanístico de la Ciudad de la Justicia, que finalmente quedó inacabada y en situación de abandono cuatro años después, habiéndose gastado entonces 355 millones de euros.

Foster en Suiza

El anterior juez del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata --a quien sustituye Pedraz tras su marcha a Eurojust--, libró en octubre de 2020 una comisión rogatoria a Suiza para que averiguara el domicilio de Norman Foster para poder hacer efectiva su citación como testigo.

El magistrado, que recordaba a las autoridades helvéticas que la citación debía hacerse "con apercibimiento de ser detenido y conducido por la fuerza pública en el caso de no comparecer", justificaba la comparecencia de Foster para esclarecer los hechos que han sido investigados, y por los que en noviembre de 2020 propuso juzgar a seis personas, entre ellos exvicepresidente segundo y exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada.

Según explicaba el juez en el auto en el que señalaba su interés en escuchar a Foster, "ha quedado indiciariamente acreditado, entre otros elementos: la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, la falta de rendición de las cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios, deficiencias en la información remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería, del inmovilizado, etc".

Restricciones por el coronavirus

Cabe recordar que la petición remitida a Suiza para la localización del arquitecto llegaba después de que Reino Unido, a quien emitió a principios de año una Orden Europea de Investigación (EOI) con el mismo objetivo, contestara un mes antes que Foster reside en el país helvético y que "debido a las restricciones impuestas por Covid-19 y, a las medidas de cuarentena, no le es posible desplazarse hasta Reino Unido".

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó el 23 de diciembre de 2004 la creación de la sociedad Campus de la Justicia de Madrid SA, una empresa de titularidad cien por cien pública que nacía con un capital social de 7.350.000 euros para poner en marcha el proyecto de unificación de sedes judiciales. La sociedad fue disuelta el 31 de julio de 2014 con Cristina Cifuentes al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

La investigación se inició en 2018

La causa se abrió en agosto de 2018 cuando el juez admitió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que se basó en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid de marzo de 2018 sobre el Campus de la Justicia de Madrid que arrojaba diversas irregulares.

Según el auto que dictó el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata era Prada quien en última instancia tomaba todas las decisiones, "se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos del CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo".

Añadía que "corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación" de contratos, "quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos".