Paralizado el desahucio de una mujer de 87 años residente en un piso de Retiro
- Tras un informe de Servicios Sociales que ha acreditado su vulnerabilidad
- El fondo propietario pide 1.650 euros de alquiler, su pensión es de 1.450
Maricarmen, la vecina de 87 años del barrio de Retiro, apoyada por el Sindicato de Inquilinas y su letrada, Beatriz Duro, han celebrado este miércoles la paralización temporal del desahucio de su vivienda, que le concedió ayer el juzgado tras emitir un informe Servicios Sociales que ha acreditado su vulnerabilidad.
La octogenaria, que había anunciado su decisión de permanecer en su piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, dispone ahora de cinco días para presentar las alegaciones pertinentes y el recurso a esta decisión judicial.
Su defensa había solicitado la suspensión del desalojo en base al Real Decreto 11/2020, aprobado a raíz de la pandemia, pero el Juzgado ha denegado esta posibilidad al considerar que su contrato no está suscrito con base en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y porque el importe de la renta y de los suministros no superan el 35% de los ingresos que percibe. Una cuestión que, aseguran, podrán acreditar.
Se consuma el desahucio de Ángela y sus tres hijos en Alcorcón
Además, la Justicia ha señalado que su situación de vulnerabilidad no ha sido consecuencia de la pandemia, sino muy anterior, pues Maricarmen es pensionista desde hace veinticinco años.
A pesar de ello, la presentación de este informe por parte de Servicio Sociales ha servido para poder acceder a esta moratoria temporal.
Así lo han trasladado en una rueda de prensa celebrada frente a su vivienda y en la que Maricarmen ha sido recibida entre aplausos y gritos de 'Mari Carmen se queda' o 'Fuera buitres de nuestros barrios'.
Se consuma el desahucio de un vecino de Carabanchel con un 52% de discapacidad
La vecina ha afirmado que, a pesar de que no ha sido una victoria total, esta paralización la permite estar un poco más alegre y disponer de tiempo para "volver a empezar a luchar" y ha recalcado el derecho de todos a permanecer en sus hogares.
El piso en el que reside Maricarmen, con un contrato de "renta antigua", fue vendido en 2018 a la inmobiliaria Renta Corporación para ser posteriormente adquirido por Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, un fondo especializado en inversiones inmobiliarias.
Urbagestión le exige a ahora un alquiler mensual de 1.650 euros -el resto de los apartamentos del bloque se alquilan por 2.650 euros-, un importe que la anciana no puede cubrir, ya que su pensión es de 1.450 euros.
Desahuciada de su vivienda una familia de Tetuán con tres menores
Sobre las alternativas que le ha ofrecido el Ayuntamiento, un piso tutelado y una residencia pública, Maricarmen ha afirmado que todavía no ha dado respuesta afirmativa ni negativa y ha asegurado que ella va a luchar por quedarse en su casa.
En este sentido, la abogada Beatriz Duro ha explicado que por sus propias circunstancias, su edad y por el tiempo que lleva residiendo allí, la "única solución" es que Maricarmen permanezca en su vivienda, porque "no hay alternativas por parte de las administrativas públicas".
A partir de ahora, la normativa prevé la suspensión del desalojo por un plazo de cuatro meses para que las administraciones le otorguen una solución definitiva.
