Se consuma el desahucio de Ángela y sus tres hijos en Alcorcón
- Los menores se han ido a casa de su padre, separado, aunque la custodia la tiene ella
- El piso es propiedad de la agencia regional de vivienda social
Una madre y sus tres hijos menores -uno de 7 años, otro de 5 y un bebé de 9 meses- han sido finalmente desahuciados de una vivienda en la que vivían en la Avenida de la Libertad de Alcorcón pese al intento de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de impedirlo por su vulnerabilidad.
Así lo ha trasladado a EFE el abogado de la PAH de Alcorcón, Manuel San Pastor, quien ha explicado que el amplio dispositivo policial, formado por decenas de agentes, ha impedido que las decenas de manifestantes concentrados frente a la vivienda lograran frenar el desahucio de esta madre y sus hijos.
De esta manera, la madre, Ángela, y sus tres hijos menores se han visto obligados finalmente a abandonar la vivienda, perteneciente a la Agencia de Vivienda Social (antiguo Ivima), pese a su "situación de vulnerabilidad, sin apenas ingresos ni alternativas habitacionales", según insisten desde la PAH.
"La Comunidad de Madrid no ha dado finalmente una solución urgente a esta familia, que se ha quedado prácticamente en la calle", ha reiterado San Pastor, que lamenta especialmente que el Gobierno regional nunca la haya reconocido como inquilina legal de la vivienda, a pesar de su vulnerabilidad.
Tras el desahucio, los tres menores pasaron la noche con su padre en "una vivienda de apenas dos habitaciones en la que han tenido que meterse hasta nueve personas", según ha explicado a EFE el abogado de la PAH de Alcorcón, quien ha reclamado que se dote "urgentemente" de una alternativa a esta mujer.
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"Aunque el padre, que está separado desde hace años de la madre, ha acogido a los hijos en su actual domicilio, la custodia de los menores pertenece a la madre, por lo que esta situación temporal no se puede alargar mucho tiempo", ha añadido San Pastor sobre la situación actual en la que ha quedado esta madre y sus hijos.
Desde la PAH, donde reconocían que la mujer no contaba con el título legal para seguir viviendo en esa casa, ya alertaban hace unos días que no tenía ninguna alternativa habitacional, aunque "había solicitado en reiteradas ocasiones a la Comunidad de Madrid o bien su regularización o bien su realojo en otra vivienda social".
"Ángela no está demandada por usurpación de vivienda. Ella en ningún momento 'okupó' la vivienda, fueron los anteriores inquilinos los que le cedieron las llaves", reiteraba el abogado de la plataforma, que insistía que "la familia tiene informe positivo de vulnerabilidad por parte de los Servicios Sociales".
