La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha presentado un escrito en los Juzgados de Plaza de Castilla en la que pide la reapertura de la causa judicial, sobreseída en enero de 2015, contra la actuación del Ayuntamiento en la venta de 1.860 pisos sociales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a un fondo de inversión entre los años 2012 y 2013.
"Estamos solicitando la reapertura de un procedimiento penal contra la EMVS en los tiempos de Ana Botella porque entendemos que ha habido una sustracción de un bien público, prevaricación continuada y una malversación del patrimonio público", ha señalado Causapié en la salida de los Juzgados.
Según ha explicado, plantea la reapertura ahora porque tienen datos nuevos, como el informe de la Cámara de Cuentas y la información de la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid, "que dicen que la actuación se hizo con procedimiento inadecuado e injusto, contrario a los intereses de los ciudadanos y del Ayuntamiento de Madrid". "Es una de las consecuencias explicitadas en las conclusiones de la comisión de investigación", ha recordado.
La líder municipal socialista también ha señalado la Fiscalía del Tribunal de Cuentas está pidiendo información al respecto, por lo que considera que "existen indicios suficientes y probados que nos llevan a pensar que ha sido un procedimiento mal hecho, sin concurrencia ni competitividad".
"Ha habido una mala utilización y malversación de los bienes públicos. Las viviendas se vendieron más baratas de su valor. Tenemos mucha esperanza de que el Juzgado valore las nuevas pruebas, iniciar todas estas causas y hacer Justicia", ha resumido.
Causapié ha señalado que la petición de reapertura de la causa judicial es una vía que también utilizará la asociación de las personas afectadas y que podría tomar el Consistorio, pero que existen otras vías como reclamar ante la Comisión Europea pues "se ha vulnerado en este procedimiento el Tratado de la Unión y no ha habido la competencia que requiere la actividad de una venta dentro de la Administración pública".
"También creemos que ha habido delito económico y por eso hemos pedido que actúe al Tribunal de Cuentas que lo investigue. Son pasos previos que creemos que hay que dar para que haya una vuelta al patrimonio de la Comunidad de Madrid de las viviendas. Eso es lo que nos piden las familias ante este hecho abominable", ha dicho.
En este punto, la concejal socialista ha mostrado la solidaridad de su Grupo con la familia de la presidenta de la asociación de afectados por la venta, Arancha Mejías, ante su "situación dramática" por la expulsión de su vivienda acordada por parte del 'fondo buitre'. "Ella ha sido una gran luchadora por las personas que hoy están defendiendo su vivienda", ha añadido.
ARGUMENTOS PARA LA REAPERTURA
En el escrito para la apertura, al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE intenta derrotar el auto de sobreseimiento, que señaló que la venta se efectuó en el marco de la legislación vigente a través de un procedimiento público y que la querella carecía de indicios delictivos.
Entre los nuevos datos y elementos de prueba que ahora aportan está el informe de la Cámara de Cuentas de la pasada primavera sobre la cuestión y que el propio Ayuntamiento en sus alegaciones del 10 de marzo de este año a ese informe señaló que "parece estrafalaria y no sujeta a derecho otra forma de disponer de los bienes patrimoniales de la EMVS" y que la actuación del auditor "parece intromisiva y desmesurada, e incluso podría haber sido éticamente reprochable de haber asesorada también a la parte compradora".
El Consistorio también alegó que en la enajenación "el precio no fue señalado ni fijado por la parte vendedora, sino que fue señalado unilateralmente pro la parte compradora. Por todas esa razones concluye que el procedimiento municipal fueron "perjudiciales" para los intereses de la EMVS, "que ha originado pérdidas al patrimonio de ésta".
"La ratificación por parte del anterior equipo de Gobierno respondió más a la intención de crear una apariencia formal de legalidad que a u n verdadero control por parte de la Junta de Gobierno de un acto de disposición del patrimonio público de suelo del Ayuntamiento, por lo que parece irresponsable y podría dar lugar a exigencias de responsabilidad", ha dicho.
Tras las alegaciones, la Cámara de Cuentas en su informe definitivo del 30 de junio señaló la "falta de transparencia" en el inicio de la venta, la ausencia del pliego de condiciones, la "falta de transparencia" en el precio del contrato de compraventa "que no se ha decidido conforme a valores objetivos" y que "no hubo una concurrencia real ni la publicidad exigida por la normativa".
Causapié también ha añadido al recurso presentado hoy las conclusiones de la comisión de investigación y el escrito del Defensor del Pueblo "que reconoce los perjuicios que han sufrido los interesados por la transmisión de las viviendas en cuestión", entre otros documentos
