PP y PSOE a la greña en Alcorcón por la seguridad de las fiestas de 2025
- Los populares acusan al gobierno local de acordar "sin contrato válido" los servicios de vigilancia
- Desde la Alcaldía alegan que la empresa elegida no estaba al corriente de sus obligaciones
El PP de Alcorcón ha alertado de que un informe jurídico de la Comunidad de Madrid ha confirmado la nulidad del contrato del servicio de seguridad privada para las Fiestas Patronales 2025 tras "constatarse que el Ayuntamiento recurrió a una empresa que había sido previamente excluida del procedimiento".
Desde el Ayuntamiento de Alcorcón han negado a EFE cualquier tipo de irregularidad en el proceso, aunque admiten que, posteriormente a la contratación, detectaron que la empresa no se encontraba al corriente de sus obligaciones ante Hacienda y Seguridad Social, por lo que tomaron medidas para anular la contratación.
Los hechos se remontan a las últimas Fiestas Patronales, celebradas en septiembre de 2025, cuando, como cada año, el Ejecutivo local, formado por PSOE, Ganar Alcorcón y Más Madrid, sacó a licitación la contratación para la seguridad privada del perímetro del Recinto Ferial.
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Desde el PP ya denunciaron en febrero pasado que, tras una primera licitación desierta, en el segundo procedimiento solo concurrió una empresa, NCS Seguridad S.L., que "fue rechazada por la Mesa de Contratación al constatarse que no se encontraba al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social".
Según el PP, el procedimiento fue declarado oficialmente desierto mediante resolución municipal de septiembre de 2025, aunque "a tan solo tres días del inicio de las fiestas, el Ayuntamiento solicitó verbalmente a esa misma empresa que prestara el servicio de seguridad, que finalmente se llevó a cabo".
Desde el PP insisten en que ese servicio se llevó a cabo "sin contrato válido y dio lugar a una factura de 57.661,95 euros" de la que, posteriormente, tanto la Intervención General como la Asesoría Jurídica municipal alertaron de las "graves irregularidades del procedimiento".
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Ahora, la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid ha confirmado que la contratación realizada por el Ayuntamiento fue "nula de pleno derecho", al haberse adjudicado de facto un contrato sin ningún procedimiento, a una empresa que además estaba incursa en prohibición de contratar.
Pese a la nulidad, el propio dictamen abre la puerta a que el Ayuntamiento tenga que pagar igualmente el servicio, pero no como contrato válido, sino como compensación por los trabajos realizados.
Sin embargo, fuentes municipales han explicado a EFE que la Comunidad de Madrid ha confirmado la corrección del proceso que inició el Ayuntamiento de Alcorcón, insistiendo en que "cumplió todos los cauces legales, incluida la declaración responsable de esta empresa en la que aseguraba que cumplía con los requisitos".
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Desde el Consistorio aseguran que, lejos de confirmar una ilegalidad, el informe jurídico de la Comunidad de Madrid "da la razón al Ayuntamiento de Alcorcón, que remitió dicho expediente una vez detectó este asunto, es decir, es un proceso que inició el propio ayuntamiento".
"Dicha empresa presentó, tal y como solicita la ley, una serie de documentación como declaración manifiesta de que no contaba con ninguna deuda, algo que no era cierto y que es lo que ha provocado toda esta situación", aclaran.
Por último, recalcan que "la cifra que se abonará a esta empresa, según se determina en dicho dictamen, se limitará al servicio prestado, ya que efectivamente se realizó, si bien la cifra en ningún caso será de 57.661,95 euros".
