El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid solicitará modificar el Reglamento de la Cámara autonómica para poder revocar a los senadores por designación autonómica con el fin de evitar que "un cargo pueda ser usurpado en un verdadero fraude democrático".
Así lo ha dicho el consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Angel Garrido, en un Desayuno Informativo de Executive Forum España, donde en la línea con la idea que ya ha lanzado la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, ha avanzado que el Grupo Popular solicitará reformar el Reglamento de la Cámara de Vallecas para "someter a revocación los nombramientos de senadores por designación autonómica ante supuestos tasados".
Con ello quieren evitar "que un cargo, no elegido por voto ciudadano, pueda ser usurpado en un verdadero fraude democrático al órgano que lo nombró" y ha confiado en que los grupos secunden la moción que van a proponer. Esta propuesta llega en plena polémica por la decisión de la exalcaldesa de Valencia y senadora por el PP, Rita Barberá, de permanecer en el Senado pese a haber abandonado el Grupo Popular tras su imputación.
De hecho, ayer mismo Cifuentes reiteró su opinión en la línea de que Barberá debería abandonar la Cámara Alta tras ser investigada en el marco de un caso de corrupción.
DIÁLOGO Y ACUERDO
En su intervención, Garrido ha defendido el diálogo y ha sostenido que "en todo momento el pacto y el acuerdo debe ser una actitud". "Nueva política no es sinónimo necesariamente de nuevas siglas", ha defendido Garrido, quien ha considerado que nueva política es "una nueva actitud para entender un nuevo estilo en la acción de gobierno". "Este era un gobierno nuevo para un tiempo nuevo que requería actitudes nuevas, como el consenso", ha indicado el popular respecto al Ejecutivo de Cristina Cifuentes, para después defender que desde su llegada a la Puerta del Sol han dialogado con los grupos políticos, la sociedad civil, los ciudadanos, los votantes y los afiliados.
En el caso del Ayuntamiento de Madrid, ha afirmado que "da muy buena nota a la relación institucional Comunidad-Ayuntamiento". De hecho, ha indicado que esta semana se ha reunido dos veces con el Ayuntamiento de Madrid.
EL CANAL SEGUIRÁ SIENDO PÚBLICO
El consejero se ha referido también al Canal de Isabel II y ha asegurado que la empresa de aguas no se va a privatizar. "Rotundamente no", ha aseverado el dirigente popular, que ha aseverado que "El Canal es y va a seguir siendo una empresa exclusivamente pública". Otra de las materias que le competen por su cartera es la Justicia. El consejero ha tildado de "indispensable" la concentración de sedes y en el caso de la Ciudad de la Justicia, ha afirmado que es algo que les "preocupa" y que quieren resolver.
No obstante, ha precisado que es una "situación complicada" porque al llegar al gobierno se encontraron simultáneamente con la adjudicación de la ciudad de la justicia y con una imposibilidad. En aquel momento entendieron que lo que era oportuno es el desestimiento del proceso de licitación, algo que no entendió así el tribunal administrativo de contratación pública y lo recurrieron. Si les da la razón abrirán un nuevo proceso lo más rápidamente posible y si no, habrá un adjudicatario con el que intentarán "consensuar lo mejor" para Madrid.
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
El Gobierno regional de Cristina Cifuentes está elaborando un proyecto de ley de víctimas de terrorismo de la Comunidad de Madrid que, entre otros asuntos, pretende incluir la historia de esta materia en los currículos escolares para aportar a los jóvenes "valores democráticos". Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, durante un desayuno informativo organizado por Executive Forum.
En su intervención, ha señalado que este proyecto de ley -con el que el Gobierno regional quiere "reforzar" la legislación estatal- regulará las ayudas, establecerá protocolos ante atentados e "impulsará el reconocimiento público de las víctimas". "Garantizaremos el derecho a la memoria y la difusión a las siguientes generaciones mediante el estudio de la historia del terrorismo como materia curricular que aporte a nuestros jóvenes los valores democráticos y movilice conciencias acerca del daño que supone cualquier forma de terrorismo", ha sostenido.
Además, ha confiado en que esta ley "asentará las bases de convivencia de una sociedad avanzada y plural como la madrileña". "Al recordar el relato verdadero de los hechos que dicta la memoria de las víctimas contribuimos también a hacer justicia porque optamos por la dignidad frente al olvido y frente a la indiferencia", ha apuntado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ya avanzó en su discurso del debate del estado de la región el pasado 7 de septiembre que su grupo iba a remitir a la Asamblea este proyecto de ley, que abordaría "tanto aspectos asistenciales como medidas para preservar la memoria, la dignidad y la justicia".
