Orden de detención internacional para el fugado del juicio por el 'pique' mortal de la M-30

La Audiencia Provincial de Madrid ha disuelto el jurado popular del juicio contra dos conductores juzgados por el 'pique' mortal ocurrido en la M-30 el 25 de julio de 2021 y ha dictado una orden de detención internacional ante las sospechas de que el acusado fugado haya abandonado el territorio español.

Los hechos de este procedimiento se produjeron sobre las once y media de la mañana cuando los encausados iniciaron una carrera ilegal por los túneles de la M-30. Uno de los vehículos acabó chocando con otro coche, falleciendo su conductor a las horas en el Hospital 12 de Octubre de la capital.

El fiscal solicitaba quince años de cárcel para los dos por un delito de homicidio y conducción temeraria. La defensa del fugado alegaba que concurría una atenuante de miedo insuperable al considerar que su cliente fue perseguido por el otro acusado sin opción a salirse por unas de las salidas de los túneles de la vía.

La vista oral se ha suspendido este jueves finalmente y se ha disuelto el jurado ante la fuga de uno de los procesados por el homicidio, de quien se sospecha que podría haber huido al extranjero. La presidenta del tribunal ha trasladado al tribunal de jurado que no se puede continuar adelante porque hay que "garantizar los derechos de los acusados". "Solo faltaba la declaración, pero nos falta. No pueden contrastar lo que va a decir uno y otro. Este asunto está tan relacionado con lo que hace uno de los acusados y lo que hace el otro. Someterles a un objeto del veredicto seria diabólico", ha señalado.

El juicio se suspendió la semana pasada tras dictarse una orden de búsqueda y captura sobre el acusado. La presidenta del tribunal ofició a la Guardia Civil para que se desplazara a su domicilio, donde no se le encontró. La prueba testifical y pericial del juicio concluyó el pasado 14 de abril. Un día después estaban previstas las declaraciones de los dos ante el jurado y el tribunal, pero uno de ellos no se presentó. En una vista, los abogados y el fiscal se mostraron a favor de suspender la vista hasta que se le localizara o de la posibilidad de disolver el tribunal de jurado si no apareciese, extremo que ha sucedido.

Una de las principales pruebas en el juicio eran las cámaras de seguridad de la M-30, que registraron velocidades de hasta 176 km/h en una zona limitada a 70 km/h. Sin embargo, las defensas pusieron en duda durante los informes iniciales la validez de estas mediciones al señalar que los cálculos se realizaron a partir de imágenes de las cámaras de la M-30 y no mediante radares homologados.