Todos los concejales salvo los del PP han votado a mano alzada a favor de pedir al Congreso que apruebe una ley orgánica para regular la eutanasia, como ha propuesto en el último pleno del mandato el edil del PSOE Ramón Silva, un debate parlamentario que Ángel Hernández ha presenciado desde la tribuna de invitados.
Ángel Hernández ha presenciado desde la tribuna de invitados
El edil del PSOE ha defendido que "la asistencia de finalizar la vida de un modo pacífico e indoloro pertenece a la libre decisión cuando a petición de la persona la vida que le resta no merece la pena ser vivida" y ha confiado en que el Congreso resultante de las urnas este domingo, con una mayoría de izquierdas, apruebe la regulación.
Para Silva, perseguir penalmente a quienes asisten en esta muerte es una "crueldad añadida" para quien padece la enfermedad "al obligarle a vivir contra su voluntad al tiempo que supone una penalización carente de sentido para quienes prestan este ayuda".
Y respecto al caso de Ángel Hernández y María José Carrasco ha señalado que como en todos ha "golpeado las consciencias", también porque ha coincidido con la paralización en la Mesa del Congreso de la tramitación de la ley orgánica.
El PSOE ha afeado que Cs haya apoyado su propuesta pese a frenar en la Mesa hasta en 19 ocasiones la tramitación de la ley.
También el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias de la capital, Javier Barbero, ha abogado por despenalizar y regular la eutanasia con condiciones garantistas para quien pida terminar su vida.
Ciudadanos y PP
La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha expresado su apoyo y cariño al "acto de amor" de Ángel Hernández y ha defendido la regularización de la eutanasia al entender que el Estado no tiene derecho a "entrometerse en una decisión tan persona y tan íntima". "María José tenía derecho a decidir por su vida (...)el Estado tiene que saber cuáles son sus límites y dentro de los límites no esta imponer más sufrimiento a las personas que lo están padeciendo", ha añadido Villacís.
El PP se ha desmarcado de la opinión mayoritaria en el Consistorio al considerar que es un "error catalogar la eutanasia como progreso social" porque no es "un avance el dejarse morir o ayudar a morir". "Ni en la Constitución ni en el resto del ordenamiento existe el derecho a morir ni a disponer de la vida ni a poder requerir de los poderes públicos la asistencia para ello", ha afirmado el edil del Luis Miguel Boto, que cree que "la discrepancia sustancial es que la muerte debe producirse como efecto de la enfermedad" y no "del tratamiento que se aplique a un paciente que la solicite".
