Madrid crea una Escuela de Consumo para prevenir estafas y reforzar la educación financiera

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha la nueva Escuela Municipal de Consumo, un proyecto con el que busca reforzar la protección de los ciudadanos frente a fraudes y dotarles de herramientas para gestionar con mayor seguridad su economía cotidiana en un contexto de mercado cada vez más digitalizado.

La iniciativa, presentada en el Centro Municipal de Mayores Mirasierra por la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, y el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, nace con el objetivo de centralizar y ampliar las actividades formativas sobre consumo que hasta ahora estaban repartidas entre distintas áreas municipales.

Durante el acto, al que también han asistido representantes del ámbito jurídico y notarial, como la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio del Olmo, y el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, se ha hecho hincapié en la necesidad de dotar a los ciudadanos de herramientas críticas para desenvolverse en un mercado global, marcado por el comercio digital y nuevas formas de fraude.

En este sentido, Hidalgo ha detallado que los contenidos formativos abordarán cuestiones como la economía familiar, las operaciones bancarias, las finanzas personales o los seguros.

La creación de esta escuela responde a la transformación de los hábitos de consumo en los últimos años, ya que, aunque el consumidor actual dispone de más información que nunca, también se enfrenta a nuevas vulnerabilidades, especialmente vinculadas a internet, la contratación digital o las comunicaciones electrónicas.

Por ello, el programa incluirá contenidos prácticos sobre compras fuera de establecimientos, publicidad, etiquetado, consumo sostenible o procedimientos de reclamación, además de módulos específicos centrados en sectores especialmente sensibles para los consumidores, como la electricidad, la telefonía o el transporte.El proyecto se articula en torno a cuatro grandes líneas de actuación que abarcan diferentes perfiles de población. En el ámbito educativo, se impartirán talleres en centros escolares, desde infantil hasta formación profesional, centrados en el consumo responsable y la educación financiera básica.

Para adultos y colectivos vulnerables se desarrollarán metodologías participativas, como actividades formativas dinámicas o gincanas educativas, mientras que en los centros de mayores se organizarán charlas y puntos de atención personalizada para explicar cómo detectar fraudes o interpretar contratos.Además, la iniciativa saldrá también a la calle con puntos informativos instalados en ejes comerciales y mercadillos, donde los ciudadanos podrán recibir asesoramiento directo en el propio lugar de compra.

Durante el acto, el delegado de Políticas Sociales ha puesto el foco especialmente en la población mayor, uno de los colectivos más expuestos a determinados fraudes: “Estar bien informados y conocer nuestros derechos como consumidores nos permite tomar decisiones con mayor seguridad y autonomía”.