El portavoz socialista del Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha pedido este miércoles a la alcaldesa de la capital, Ana Botella, que invierta una parte del superávit que alcanzó en 2012 (841 millones de euros) en su plan contra la exclusión social, que se basaría en la lucha contra el paro, el acceso a la vivienda, el fomento de la educación y la promoción de las prestaciones sociales.
Tras visitar un centro de Servicios Sociales en el distrito de Villa de Vallecas y preguntado por el coste que tendría poner en práctica este plan, el socialista ha resaltado que "es difícil evaluarlo cuantitativamente", pero ha apuntado que a nivel estatal el PSOE propuso un plan que tendría un coste de unos mil millones de euros.
Para ponerlo en práctica, Lissavetzky ha abogado porque "el Gobierno central y regional recuperen las partidas que financiaban los Servicios Sociales de los ayuntamientos y los planes contra la exclusión social". En este punto, el socialista ha destacado que las partidas presupuestarias para el área de Familia y Servicios Sociales han sufrido unas bajadas "tremendas".
"Pedimos que esta partida vuelva a niveles de 2008. Simplemente con eso ya se podría tener un plan que funcionara. (Hay) 81 millones de euros que se dejaron de gastar en el año 2012, uno de cada seis euros presupuestados. Desde el año 2008 ha bajado el presupuesto en 55 millones de euros. Con una financiación de esas características podrían hacerse muchas cosas", ha señalado.
PLANES DE CHOQUE PARA LOS NUEVE DISTRITOS CON MAS PARO
Con respecto al contenido del plan, el socialista ha apuntado que el proyecto se basaría en planes de choque para combatir el paro, especialmente en aquellos nueve distritos donde las cifras de desempleo se sitúan por encima de la media de la región. Entre estos planes de choque, el socialista ha propuesto que se avance en políticas de dependencia con las que, además, se crearían puestos de trabajo.
Los problemas educativos de absentismo, fracaso escolar o acceso a las escuelas infantiles son otros de los puntos que se tocarían con el fomento y defensa de la educación. Además, en lo que respecta al "pilar" de las prestaciones sociales, el grupo municipal ha abogado no sólo por la mejora de las prestaciones, sino también por una mayor facilidad de acceso.
En este punto, el socialista ha abogado por la agilización de los trámites burocráticos que los ciudadanos deben afrontar para acceder a estas ayudas sociales. A su juicio, la alcaldesa Botella debería implementar en este ámbito las mismas facilidades que ofrece a los emprendedores o empresarios.
Con respecto al tema de la vivienda, Lissavetzky ha defendido la existencia de una 'Oficina de asesoramiento y atención a los ciudadanos afectados por desahucios y con problemas hipotecarios' que sirva tanto para "conectar" con los madrileños y orientarles en sus decisiones, como para negociar con las entidades bancarias que tienen un stock de viviendas que no puedan vender.
