El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, asegura que su plan sanitario ha supuesto un ahorro "claro" y que se ejecutará al 100 %, pese a los "bulos" que sindicatos, organizaciones y partidos políticos han contado sobre el mismo "sin ajustarse a la realidad".
Javier Fernández-Lasquetty hace esta reflexión en una entrevista con Efe coincidiendo con la primera 'marea blanca' de ámbito nacional, que está convocado para este domingo en Madrid y otras quince ciudades.
La denominada 'marea blanca' empezó en noviembre pasado, cuando los sanitarios madrileños convocaron huelgas durante cinco semanas, además de encierros y marchas de protesta contra el Plan de Sostenibilidad del Gobierno regional, que pretende privatizar la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud, entre otras medidas.
El consejero explica que con los primeros datos del mes de enero, que están analizando los gerentes de los centros y por lo tanto no están cerrados, se está viendo un "ahorro muy claro en los hospitales", además de en el gasto de farmacia y en la Atención Primaria.
Lasquetty recuerda que esto se ha logrado gracias a medidas establecidas en el plan como las compras centralizadas y la eliminación de las "peonadas", que ya están en marcha.
También se ha referido a otras iniciativas que han generado más polémica, como la privatización de la gestión de 6 hospitales, que será efectiva en verano, y 27 centros de salud, que se realizará más tarde.
En esta última cuestión, reconoce, es donde más dificultades ha encontrado la Consejería para llegar a acuerdos con sindicatos y organizaciones profesionales, y aunque insiste en que no renuncia a llegar a "espacios de encuentro", advierte de que el plan "va a ser" y "tiene que ser" ejecutado al completo.
"Yo entiendo a los que convocan las protestas, es muy fácil convocar protestas, y además muy legítimo, no lo discuto en absoluto. Pero también digo una cosa: ¿Qué es lo que quieren que hagamos?", insiste el consejero, que se queja de que se han lanzado "bulos" y críticas que no se ajustan a la realidad por parte de sindicatos, organizaciones y partidos para descalificar el plan.
Por ejemplo, asegura que es falso que en algún momento se haya puesto sobre la mesa que la Consejería vaya a externalizar un solo hospital, en lugar de seis y que haya 138 directores de centros de salud dispuestos a dimitir, sino 99.
Señala además que los centros de salud que dejarán de tener gestión pública vayan a estar en las cercanías de los seis hospitales para que los gestionen las mismas concesionarias.
También afea a los que acusan a la Comunidad de derivar operaciones y pruebas a centros concertados: "En otras comunidades se utiliza mucho más que en Madrid la derivación a centros concertados y además en comunidades de todos los signos políticos".
Lasquetty pone el ejemplo de Andalucía, gobernada por el PSOE y donde "hay una buena parte de la sanidad pública" que se presta "a través de empresa privadas"; y cifra en un 9 % el porcentaje de pruebas diagnósticas que el sistema público concierta, un dato que se reduce en el caso de las intervenciones quirúrgicas, que sitúa "en torno al 5 y el 6 %".
Por ello, asegura que las movilizaciones han causado un "daño tremendo a la sanidad pública", incluido su prestigio, y cuestiona afirmaciones como la de Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista en Madrid, quien aseguró que convertiría cada hospital y cada centro de salud "en un campo de batalla".
Sobre unas de las medidas del plan que fue suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional, la tasa de un euro por receta, el responsable de sanidad mantiene que se tomó dentro de las competencias de la Comunidad y reconoce que tras la suspensión de esta misma medida en Cataluña, quince días antes que en Madrid, se incrementó el número de insumisos a su pago.
Aunque no quiere hacer un pronóstico de lo que sucederá, sugiere que si el Gobierno "dejó durante cinco meses que se recaudara en Cataluña, no veo por qué no el Tribunal Constitucional podría levantar esa suspensión cautelar dentro de cinco meses".
Lasquetty niega que la empresa Unilabs, a cuyo consejo de administración pertenecía el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes hasta su dimisión, pueda optar a la externalización de los centros -ya que solo podrán hacerlo empresas dedicadas a la actividad hospitalaria-, y recalca que éste "en ningún momento" condicionó decisiones: "Ni las de él entonces, ni las nuestras después".
