La Fiscalía investiga dos contratos del Ayuntamiento de Madrid para soterrar la A-5
- Reclama las adjudicaciones a tres empresas, en una de ellas figura un hermano del concejal de Movilidad
- El Ayuntamiento aclara que no se está investigando a ningún miembro del equipo de Gobierno
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha incoado diligencias de investigación por la licitación del proyecto de soterramiento de la autopista A-5, que fue otorgada por parte del Ayuntamiento de Madrid a la empresa Esteyco-Subterra, donde trabaja el hermano del delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante.
Así lo ha comunicado la concejal Marta Higueras, que fue vicealcaldesa de Madrid entre 2015 y 2019, en una rueda de prensa convocada esta tarde en la Casa de la Villa, donde ha mostrado la documentación relativa a la interposición de su denuncia, el pasado 30 de enero, y la respuesta de la Fiscalía del pasado 17 de febrero, en la que comunica la apertura de diligencias por prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, los delitos que denunciaba la edil.
Fuentes municipales han asegurado que la Fiscalía se ha limitado a solicitar los expedientes de contratación relativos a la redacción del proyecto de soterramiento y la asistencia técnica. En efecto, el escrito de la Fiscalía se refiere la UTE Esteyco S.A. con la ingeniería Subterra SL, para la redacción, y a la UTE Cemosa con Subterra S.L. para los trabajos de supervisión.
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En 2020, el Área de Medio Ambiente y Movilidad sacó a licitación la redacción del proyecto de ejecución del "Paseo Verde del Suroeste" por un valor estimado de 4.135.250 euros, un contrato que se modificó debido al relanzamiento de la Operación Campamento.
El adjudicatario fue Esteyco-Subterra "por ser el empresario que ha presentado la oferta con mejor relación calidad-precio según la ponderación de los criterios de adjudicación". Según Eldiario.es publicó que en la empresa trabaja uno de los hermanos de Carabante quien, según el periódico digital, anuló la adjudicación un día después de aceptarla.
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En la denuncia de la concejal Higueras se hace referencia al alcalde de Madrid, el concejal de Movilidad, la empresa Subterra Energía adjudicataria del contrato, Rafael Carabante hermano del edil de Movilidad, la portavoz del Ejecutivo municipal, Inmaculada Sanz; y María Dolores Ortiz Sánchez, directora general de Movilidad del Consistorio madrileño.
El Ayuntamiento ha aclarado que no se está investigando a nínguna persona del equipo de Gobierno. Sostienen que la denuncia de Higueras tiene fines electoralistas y aventuran que la investigación será archivada.
