La Comunidad de Madrid no acudirá a la Sectorial de Infancia por incluir el reparto de menores extranjeros no acompañados
Las comunidades del PP anuncian un plante en la reunión para reubicar a menores migrantes
La Comunidad de Madrid ha informado que no asistirá este jueves a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia por incluir entre los puntos del día el reparto de menores extranjeros no acompañados, un punto que fue rechazo en la conferencia celebrada el pasado 8 de julio.
Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid han precisado a Europa Press que la consejera Ana Dávila no estará presente en esta reunión al considerar que el reparto es "ilegal" y que el Gobierno "instrumentaliza" a los menores migrantes para "sacar beneficio político y sostenerse en el poder".
La pasada semana, Dávila envió una carta dirigida a las ministras de Juventud e Infancia y de Migraciones, Sira Rego y Elma Saiz, en las que criticaba además varias decisiones del Gobierno central en torno a los menores migrantes, como el reparto "arbitrario" de los más de 4.000 que están en Canarias o los 400 que llegarán a Pozuelo de Alarcón "sin comunicación oficial".
"No hay peor forma de corrupción que instrumentalizar a los menores para sostenerse en el poder. Eso es exactamente lo que están haciendo. Por todo ello, le insto a desautorizar estas propuestas de inmediato, a recuperar el respeto institucional y a anteponer el interés superior del menor a su propia supervivencia política", expresó la consejera en su escrito.
La medida podría ser secundada por otras comunidades gobernadas por el PP por considerar que el Gobierno pretende imponer un reparto "forzoso" e "ilegal" que vulnera el principio de igualdad territorial, según han confirmado a EFE varios ejecutivos autonómicos.
La reunión está convocada a las 9:30 horas bajo la presidencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y se preveía bronca, toda vez que algunas autonomías del PP habían mostrado una fuerte oposición a la propuesta del Gobierno y han recurrido al Tribunal Constitucional el decreto en el que se aprobó.
La idea del Gobierno, que ya trasladó a las comunidades de cara a una reunión preparatoria, es reubicar a unos 3.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, la mayoría a Andalucía, la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.
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