Pleno de la Asamblea de Madrid | TELEMADRID
(Actualizado

La Asamblea de Madrid aprobó este jueves, con los votos a favor de PP y Vox, la Ley de Defensa del Contribuyente, que refuerza la seguridad jurídica de los ciudadanos y establece la buena fe en su relación con la Hacienda autonómica, que tendrá un máximo de tres meses para contestar las peticiones del ciudadano.

Esta normativa, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial regional (BOCM), se aplica a impuestos cedidos, como Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y Tributos sobre el Juego.

La Ley crea la Oficina de Defensa del Contribuyente, que sustituye al actual Defensor del Contribuyente con más medios técnicos y plazos exigibles. Tramitará las quejas por retrasos indebidos, incidencias electrónicas o mal trato y dará al órgano afectado 15 días hábiles para responder.

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Para reforzar la seguridad jurídica, la Administración contestará por escrito y con carácter vinculante las consultas de los contribuyentes. Además, hará la autoliquidación gratis a todo aquel que lo solicite y le acompañará en la presentación y en el pago. Éste podrá consultar su expediente sin pedir cita a través de la Oficina Virtual Tributaria y de una carpeta tributaria individualizada en la que verá en tiempo real cómo van sus gestiones.

La Ley de Defensa del Contribuyente obliga también a usar un lenguaje claro y a revisar periódicamente los formularios, para que cualquier ciudadano entienda lo que recibe sin tener que recurrir a un intermediario. Asimismo, garantiza una atención presencial y gratuita, con mención expresa a los mayores, las personas con discapacidad y quienes están en riesgo de exclusión.