La defensa del exconsejero madrileño Francisco Granados se ha quejado hoy en el primer juicio del caso Púnica que celebra la Audiencia Nacional de que el presunto 'conseguidor' de la trama, David Marjaliza, no esté sentado en el banquillo de los acusados junto al que fue su socio. Durante las cuestiones previas del juicio que celebra la sección primera de la Sala de lo Penal, el abogado de Granados, Javier Vasallo, ha pedido la nulidad por "falta absoluta de motivación" de algunas de las pruebas y ha protestado acerca de la ausencia de Marjaliza en el proceso.
El juicio continuará mañana con la declaración de Granados, que ha mostrado su intención de contestar a las preguntas.
A juicio del letrado, "David Marjaliza es la única persona que pudo obtener algún lucro" del chivatazo que le dio el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino a Granados y a un exasesor de la Comunidad de Madrid, los tres acusados por un delito de revelación de secretos por el que la Fiscalía pide 3 años de prisión. Ese lucro seria el de la destrucción de pruebas y de documentación de la trama por parte de Marjaliza, al que ha calificado de "pieza fundamental" en la red y ha destacado que es "el único que ha tomado medidas desde 2013" encaminadas a ocultar sus actividades.
Según el letrado, cuando Marjaliza prestó declaración en instrucción durante 13 horas en las que detalló muchos de los pormenores de la trama corrupta y que le valió salir de prisión un año y medio antes que Granados, el juez y el resto de partes tuvieron "a bien liberar" de responsabilidades al presunto 'conseguidor' de la Púnica del proceso. También ha pedido el abogado la nulidad de todas las intervenciones telefónicas porque, a su juicio, vulneran el derecho de intimidad y del secreto de las comunicaciones de los acusados.
DINERO EL EL ALTILLO DE LA CASA DE SUS SUEGROS
Éstas "se deberían haber autorizado a través de autos concretos" pero, sin embargo, según su alegato, "infringen las reglas más elementales del control jurisdiccional que debió tomar el juzgado de instrucción". La Audiencia Nacional juzga desde hoy el presunto chivatazo que Talamino dio a Granados en septiembre de 2014 acerca de la operación Púnica que le llevó a prisión un mes después y que, según la Fiscalía, le permitió destruir pruebas y esconder dinero en efectivo no declarado, como el millón de euros que ocultó en el altillo de una habitación de sus suegros.
EL AGENTE NIEGA EL CHIVATAZO
El guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, investigado en la primera pieza que se juzga de la trama Púnica, ha insistido en diversas ocasiones durante la vista oral que acoge la Audiencia Nacional que él no dio el soplo al exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados de que la Unidad Central Operativa (UCO) le estaba investigando sino que le dijo que había una investigación en curso en la localidad madrileña de Valdemoro, sin entrar en detalles sobre la misma.
Durante el interrogatorio al que se ha sometido en esta primera sesión de juicio, el agente, que se sienta en banquillo de los acusados por delitos de revelación de secretos junto con el también guardia civil José Luis Caro y Granados, ha negado ser el responsable del 'chivatazo' dado durante las fiestas de Valdemoro en septiembre de 2014. "No le hice ninguna referencia de ninguna instalación", ha dicho respecto a las cámaras que se colocaron frente a los negocios del empresario Marjaliza.
Sobre este último, el agente ha insistido en numerosas ocasiones que no le conocía "absolutamente de nada" y que por tanto no pudo advertir de la instalación de la viodecámara. "Jamás relacioné el nombre de Marjaliza con la operación", ha dicho Talamino a preguntas de la fiscal Anticorrupción Carmen García Cerdá que en su escrito de acusación le reprocha que su soplo "causó un importante daño a la causa".
Sobre el relato de hechos, Talamino -nombre con el que se bautizó esta pieza de la trama Púnica-- ha explicado que la noche del 6 de septiembre se encontró a Caro con su familia y hablaron de lo "típico" y ha rechazado que le comunicara su intención de contactar con Granados para advertirle de las pesquisas. Al día siguiente, coincidió con el expolítico popular y estuvieron compartiendo "chistes de whatsapp" en una conversación breve que duró "cuatro minutos".
"Yo le comento que estábamos pasando una época en la UCO con muchísimo trabajo y estaba convencido de que en Valdemoro estaba haciendo algún seguimiento. Le dije: hay tanto trabajo que la unidad ha llegado hasta a Valdemoro", ha dicho el agente, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años de cárcel, al igual que los otros dos acusados.
El Ministerio Fiscal denuncia en su escrito que tras estos encuentros Talamino viajó a la Comunidad Valenciana en el marco de una "operación ficticia" que se había montado para mantenerle alejado de su lugar de trabajo. A su vuelta, los dos agentes se desplazaron al domicilio del cabecilla de la trama para comunicarle los pormenores de las pesquisas, hechos que Talamino ha negado ante el tribunal que preside la magistrada Manuela Fernández Prado.
PETICIÓN DE TRES AÑOS DE CÁRCEL
La pieza de la trama Púnica relacionada con el 'chivatazo' que dos guardias civiles le dieron al exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados sobre que le estaban investigando arranca este martes en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Este martes, miércoles y jueves son los señalados para esta vista oral que sienta en el banquillo de los acusados a Granados y a los dos guardias civiles, José Manuel Rodríguez Talamino y José Luis Caro Vinagre. Se enfrentan a una petición por parte de la Fiscalía de tres años de cárcel cada uno por los delitos de revelación de secretos y aprovechamiento de revelación de secretos.
El Ministerio Público acusa a Talamino de facilitar a Granados información reservada sobre la investigación contra el empresario David Marjaliza, lo cual "tuvo importantes consecuencias", ya que "dicha difusión obstaculizó y entorpeció gravemente el curso de la investigación que llevaba a cabo el Grupo de Delitos contra la Administración de la Guardia Civil, menoscabando la prestación de ese servicio público y causando un importante daño a la causa".
Según el escrito de acusación, en septiembre de 2014 Talamino informó primero a su amigo Caro Vinagre, guardia civil en excedencia que desde el año 2000 llevaba desempeñando cargos de confianza en la Comunidad de Madrid promocionado por Granados, y después desveló la investigación al exdirigente 'popular'.
OCULTÓ SUS GANANCIAS ILEGALES
Entre las consecuencias que destaca la Fiscalía, el escrito señala que Granados "se aprovechó de la información en su propio beneficio para ocultar sus propias ganancias ilegales, escondiendo el dinero en efectivo no declarado en domicilios de amigos y familiares". "Una parte de los beneficios ilícitos ocultados fue localizada en un altillo de la habitación de los padres de su esposa María Nieves Alarcón", explica.
Por su parte, Marjaliza, con la ayuda de su secretaria Ana María Ramírez, "acopió toda la documentación incriminatoria archivada en la sede central de sus empresas, destruyéndola".
Además, "retiró y escondió el dinero en efectivo que guardaba en la caja fuerte" de sus oficinas en Pinto, "con el que retribuía a alcaldes o anticipaba en nombre de la sociedad Cofely", además de que "ocultó documentación que le relacionaba con su circuito financiero extranjero".
A pesar de que la Fiscalía señala estos hechos como parte de las consecuencias que tuvo el chivatazo, el empresario no ha sido procesado en este juicio, y eso que confesó durante la instrucción del 'caso Púnica' que había "quemado" todos los documentos que le incriminaban.
DESINSTALARON LA CÁMARA CON LA QUE INVESTIGABAN A MARJALIZA
Otra de las consecuencias que menciona el fiscal es que el Grupo de Delitos contra la Administración, al conocer que Talamino estaba facilitando información, "montó una operación ficticia" para desinformarle y "mantenerle alejado de su lugar de trabajo y de Valdemoro", al tiempo que se le solicitó que desinstalara la cámara que se había colocado frente al edificio de las oficinas de Marjaliza. "La retirada de dicho medio provocó la pérdida de una fuente de información muy valiosa para los investigadores", remarca.
Asimismo, imputados como Granados, Marjaliza y Ramírez "adoptaron precauciones intensas y eficaces al conocer que se investigaban delitos de corrupción, disminuyendo la frecuencia de las llamadas y evitando pronunciarse sobre temas de interés a través de los teléfonos". Y el grupo investigador redujo, por seguridad, "la actividad operativa y los seguimientos a los investigados, lo que provocó la pérdida de información".
La Fiscalía acusa a Talamino de desvelar información "a sabiendas de que estaba sometida a absoluta reserva y no debía ser divulgada", quebrantando así "el deber de sigilo que su propia profesión le imponía", descubriendo a los sospechosos "la naturaleza de la investigación" y explicándoles que "la cosa era seria".
