La ex directora gerente del Ivima Ana Gomendio, imputada por la venta de 2.935 viviendas públicas de este instituto al fondo de inversiones Azora-Goldman Sachs en 2013, ha negado hoy que hubiera corrupción en esta operación, que ha calificado de "extraordinaria".
"Fue extraordinaria la operación y transparente, además", ha señalado en su comparecencia en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, en la que ha asegurado que esta venta "no ha mermado los derechos del inquilino en ningún caso".
La ex directora gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) ha dicho que se consiguió vender esos inmuebles con un precio que superaba en un 20 % al del mercado (en total, algo más de 201 millones de euros en lugar de los cerca de 169 que marcaba la tasación), y ha negado que hubiera "corrupción".
Sin embargo, para el diputado de Podemos Ramón Espinar es un "caso de corrupción de libro", ya que ha señalado que el consejero delegado de Azora es socio de dos empresas inmobiliarias de Gomendio.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha advertido de que al vender las viviendas por una media de 68.000 euros hubo una "pérdida de patrimonio" para la Comunidad de Madrid de 98 millones de euros respecto al precio inicial al que se adquirieron las mismas.
Gomendio, que está imputada por supuesta malversación de caudales públicos y prevaricación, ha explicado que la decisión de vender estas viviendas se tomó cuando asumió el cargo en abril de 2013, puesto que ya existía la tasación por parte de una sociedad "independiente" y se había solicitado el informe jurídico. "Intenté hacerlo lo mejor posible", ha sostenido.
Por otro lado, ha señalado que en el pliego del concurso de adjudicación de estas viviendas se preveía la posibilidad de que el adjudicatario (que finalmente fue Azora-Goldman Sachs) creara una nueva sociedad, como ocurrió con la empresa Encasa Cibeles, encargada de la gestión de estos inmuebles. Además, ha comentado que el método de venta elegido fue un concurso restringido en el que, a diferencia de la subasta, hay en primer lugar una selección de licitadores en función de su "solvencia técnica y económica" y, a continuación, se presentan las ofertas. "Se pretendía elegir la oferta más alta, desde luego, la que superara a los demás ofertantes", ha añadido.
En su intervención, ha justificado la venta del Ivima por la situación de "escasez de liquidez" y la necesidad del organismo público de conseguir recursos para "hacer frente a políticas sociales", entre ellas la finalización de 1.500 viviendas sociales en proceso de construcción.
"Había todo tipo de informes apoyaban la operación", ha asegurado. Otro de los comparecientes en la sesión de hoy, el también ex director gerente del Ivima Juan Van Halen, que precedió a Gomendio en el cargo, ha defendido su actuación en este caso.
"Gestioné lo mejor que supe y lo mejor que pude, siempre en interés de los madrileños", ha declarado, al tiempo que ha resaltado que la decisión de la venta ya se había tomado cuando se puso al frente del Ivima y él se limitó a "ponerla en marcha".
Sobre la selección de estas 2.935 viviendas ha dicho que eran inmuebles "dirigidos a un sector de rentas más altas" y cuyos inquilinos habían accedido a las mismas no a través de un baremo sino de un sorteo.
Van Halen ha sostenido que los inquilinos de estas viviendas pagan ahora "la misma renta" que antes de la venta y ha asegurado que el pago del IBI estaba incluido en el contrato de alquiler. "Que el casero les perdonase el IBI o no es otra cuestión", ha apuntado.
Por su parte, Matilde García, que fue secretaria general técnica de la Consejería de Vivienda en 2013, ha afirmado en su comparecencia que el proceso de venta "jurídicamente se hizo todo cien por cien correcto".
"El procedimiento se hizo legalmente, si luego se hizo algo mal los órganos judiciales tendrán que analizarlo", ha dicho.
AFECTADOS DEL IVIMA RELACIONAN AL INSTITUTO CON LA EMPRESA QUE GESTIONA LAS CASAS
La presidenta de la asociación de afectados por la venta de viviendas públicas del Ivima, Sonia Martínez, ha relacionado hoy este instituto con la empresa Encasa Cibeles, que gestiona las 2.935 casas adquiridas por el fondo de inversiones Azora-Goldman Sachs en 2013.
"Hay una relación entre la empresa y el Ivima", ha afirmado en la primera sesión de la comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid, que a lo largo del mes de noviembre se centrará en esta venta efectuada por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima).
La presidenta de la asociación ha hecho esta afirmación después de que la diputada del PSOE Encarnación Moya mencionara la oferta que Encasa Cibeles hizo el pasado mes de febrero a algunos inquilinos para ofrecerle ayudas al alquiler, para lo que debían presentar una documentación que era "exactamente igual" que la que publicó el Gobierno regional en unas bases reguladoras 16 días después.
"Efectivamente, eso es cierto", ha señalado Martínez.
Recientemente, un juzgado de Madrid ha pedido a la Oficina nacional de investigación del fraude (Onif) que elabore un informe sobre las "posibles relaciones económicas" entre la sociedad de inversión (sicav) Bussola 99, vinculada al exconsejero de Vivienda Pablo Cavero, y las empresas que compraron estas viviendas del Ivima.
